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Acusados de enriquecimiento ilícito a 37 ex altos cargos del Gobierno de Lula

El Ministerio Público brasileño denunció por delitos administrativos a 37 implicados en los escándalos de corrupción de 2005, que esta misma semana empezarán a ser juzgados penalmente por el Tribunal Supremo. Entre los señalados se encuentra el ex ministro de la Presidencia, José Dirceu, y cuatro de los entonces miembros de la cúpula del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), fundado por el actual presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

LD (EFE) En una rueda de prensa, los fiscales brasileños Michele Rangel, Anna Carolina Resende y Francisco Vollstedt anunciaron que el Ministerio Público ha denunciado por delitos administrativos a 37 implicados en los sobornos a legisladores para que apoyaran en el Congreso las iniciativas del Gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva. El caso, que saltó en 205, hizo tambalear la administración de Lula.
 
Las denuncias formuladas en el marco de la justicia civil alcanzan, entre otros, al ex ministro de la Presidencia José Dirceu y a cuatro de los entonces miembros de la cúpula del Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula en 1980 y que lo llevó al poder en las elecciones de 2002. Además, la lista de acusados incluye a dirigentes de los partidos del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), Liberal (PL), Laborista Brasileño (PTB) y Progresista (PP), que continúan en la coalición de gobierno tejida por Lula para su segundo mandato, que comenzó en enero pasado.
 
De acuerdo con los fiscales, todos formaban parte de una "organización criminal" compuesta por varios núcleos, que tenía el objetivo de "perpetuarse en el poder", según dijo Vollstedt. La investigación del Ministerio Público estableció que el PT, con Dirceu como cerebro y articulador, obtuvo recursos en forma ilegal con bancos y empresas, tanto públicas como privadas, para financiar los sobornos de que fueron objeto parlamentarios de otros partidos.
 
Vollstedt precisó que esos sobornos permitieron la aprobación en el Congreso de diversos proyectos propuestos por el Gobierno de Lula, como una reforma tributaria y otra del régimen de jubilaciones y pensiones.
 
En el caso de estos "delitos administrativos", los fiscales explicaron que las sanciones pueden ir desde la pérdida de los derechos políticos por un plazo de ocho a once años, hasta el resarcimiento a las arcas públicas del dinero malversado. Los cálculos del Ministerio Público, que según la fiscal Michele Rangel son provisionales, indican que las 37 personas denunciadas se apropiaron en forma ilícita de unos 55 millones de reales (en la época unos 22 millones de dólares).

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