L D (EFE) El acuerdo, firmado este miércoles por la noche, fue anunciado en el Ministerio de Exteriores por los representantes de las familias que han negociado con la fundación que dirige un hijo del presidente libio, Muamar Gadafi. El jefe de la diplomacia francesa, Dominique de Villepin, quien mostró su satisfacción por el compromiso alcanzado, dijo que Francia ya no se opone a una rápida votación en la ONU para levantar las sanciones a Trípoli.
Villepin, quien destacó "la movilización de las autoridades francesas" al lado de las familias, afirmó que Francia permanecerá "vigilante" para "la aplicación lo más rápida posible" del acuerdo. Después de que tanto los representantes del colectivo de familias como de SOS-Attentats, los dos grupos que negociaron el pacto, dijesen que no tenían inconveniente en el cese de las sanciones contra Trípoli, Villepin aseguró que, "naturalmente, Francia no se opone al voto lo antes posible del levantamiento" de las medidas.
El Consejo de Seguridad de la ONU aplazó el pasado martes hasta este viernes el voto del proyecto de resolución británico sobre el levantamiento de las sanciones, a petición de Francia, que había amenazado con vetar el texto a falta de acuerdo entre los allegados de las víctimas de UTA y Trípoli. Aunque no se ofrecieron detalles económicos, Villepin se refirió a un acuerdo "equitativo", lo que reclamaba Francia para las familias de las 170 víctimas del ataque contra el avión de UTA respecto a las indemnizaciones prometidas a los allegados de los 270 muertos del atentado de Lockerbie, en 1988.
Libia se ha comprometido a pagar 2.700 millones de dólares (más de 2.400 millones de euros) en indemnizaciones a las familias de las víctimas del avión de Pan Am (unos 10 millones de dólares por fallecido, más de 8,9 millones de euros), que estalló sobre la ciudad escocesa de Lockerbie. Previamente, las autoridades de Trípoli habían abonado 35 millones de euros en compensación a Francia por el ataque contra el aparato de UTA, que explosionó sobre Níger, y cada familia recibió sólo entre 3.000 y 30.000 euros.
Las sanciones de la ONU, que incluían un embargo aéreo y de armas, fueron decretadas en 1992 por la negativa de Trípoli a cooperar con la justicia tras el atentado contra el avión de Pan Am. Las medidas fueron suspendidas en 1999, cuando Libia entregó a dos ciudadanos para ser juzgados por ese acto terrorista, pero su levantamiento formal es necesario para cerrar definitivamente el caso.
Villepin, quien destacó "la movilización de las autoridades francesas" al lado de las familias, afirmó que Francia permanecerá "vigilante" para "la aplicación lo más rápida posible" del acuerdo. Después de que tanto los representantes del colectivo de familias como de SOS-Attentats, los dos grupos que negociaron el pacto, dijesen que no tenían inconveniente en el cese de las sanciones contra Trípoli, Villepin aseguró que, "naturalmente, Francia no se opone al voto lo antes posible del levantamiento" de las medidas.
El Consejo de Seguridad de la ONU aplazó el pasado martes hasta este viernes el voto del proyecto de resolución británico sobre el levantamiento de las sanciones, a petición de Francia, que había amenazado con vetar el texto a falta de acuerdo entre los allegados de las víctimas de UTA y Trípoli. Aunque no se ofrecieron detalles económicos, Villepin se refirió a un acuerdo "equitativo", lo que reclamaba Francia para las familias de las 170 víctimas del ataque contra el avión de UTA respecto a las indemnizaciones prometidas a los allegados de los 270 muertos del atentado de Lockerbie, en 1988.
Libia se ha comprometido a pagar 2.700 millones de dólares (más de 2.400 millones de euros) en indemnizaciones a las familias de las víctimas del avión de Pan Am (unos 10 millones de dólares por fallecido, más de 8,9 millones de euros), que estalló sobre la ciudad escocesa de Lockerbie. Previamente, las autoridades de Trípoli habían abonado 35 millones de euros en compensación a Francia por el ataque contra el aparato de UTA, que explosionó sobre Níger, y cada familia recibió sólo entre 3.000 y 30.000 euros.
Las sanciones de la ONU, que incluían un embargo aéreo y de armas, fueron decretadas en 1992 por la negativa de Trípoli a cooperar con la justicia tras el atentado contra el avión de Pan Am. Las medidas fueron suspendidas en 1999, cuando Libia entregó a dos ciudadanos para ser juzgados por ese acto terrorista, pero su levantamiento formal es necesario para cerrar definitivamente el caso.