LD (Agencias) Tras una reunión con el presidente de la Cámara baja, el justicialista Eduardo Camaño, los bloques parlamentarios argentinos acordaron analizar tres proyectos de ley que, de aprobarse, declararán nulas las llamadas leyes de impunidad (“Ley de obediencia debida” y “Punto final”) que protegían a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Además, se aprobará la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad y elevar ese aspecto a rango constitucional. Los coordinadores intentan garantizar la presencia del número suficiente de legisladores para aprobar las iniciativas.
La ofensiva del Gobierno de Néstor Kirchner contra las leyes de impunidad iniciaron este lunes cuando la administración ratificó la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad. Buenos Aires se adhirió a esa acta a mediados de los años ochenta. La decisión fue avalada por ley en 1995 por el Parlamento, pero desde ese entonces faltaba la ratificación gubernamental para que entrara en vigor. El tratado declara imprescriptibles los delitos señalados “cualquiera que sea la fecha” en que han sido perpetrados y obliga a los estados firmantes a adoptar las medidas “necesarias para hacer posible las extradiciones de acuerdo” a lo previsto por el Derecho Internacional.
“Es una muy buena e importante decisión”, dijo el ex fiscal federal Julio Strassera, el acusador en el juicio oral y público contra las juntas militares que gobernaron a sangre y fuego Argentina entre 1976 y 1983. El debate sobre las llamadas leyes de impunidad de Argentina, promulgadas durante el Gobierno presidido por Raúl Alfonsín (1983-1989), se disparó por la orden de captura, con fines de extradición, dictada por el juez español Baltasar Garzón contra 46 argentinos por los delitos de genocidio, terrorismo (de Estado) y torturas perpetrados durante el régimen militar. El juez federal de Buenos Aires Rodolfo Canicoba Corral hizo lugar hace tres semanas a la petición de su colega de la Audiencia Nacional de España y mandó encarcelar a los acusados mientras se tramita la extradición.
La ofensiva del Gobierno de Néstor Kirchner contra las leyes de impunidad iniciaron este lunes cuando la administración ratificó la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad. Buenos Aires se adhirió a esa acta a mediados de los años ochenta. La decisión fue avalada por ley en 1995 por el Parlamento, pero desde ese entonces faltaba la ratificación gubernamental para que entrara en vigor. El tratado declara imprescriptibles los delitos señalados “cualquiera que sea la fecha” en que han sido perpetrados y obliga a los estados firmantes a adoptar las medidas “necesarias para hacer posible las extradiciones de acuerdo” a lo previsto por el Derecho Internacional.
“Es una muy buena e importante decisión”, dijo el ex fiscal federal Julio Strassera, el acusador en el juicio oral y público contra las juntas militares que gobernaron a sangre y fuego Argentina entre 1976 y 1983. El debate sobre las llamadas leyes de impunidad de Argentina, promulgadas durante el Gobierno presidido por Raúl Alfonsín (1983-1989), se disparó por la orden de captura, con fines de extradición, dictada por el juez español Baltasar Garzón contra 46 argentinos por los delitos de genocidio, terrorismo (de Estado) y torturas perpetrados durante el régimen militar. El juez federal de Buenos Aires Rodolfo Canicoba Corral hizo lugar hace tres semanas a la petición de su colega de la Audiencia Nacional de España y mandó encarcelar a los acusados mientras se tramita la extradición.