LD (EFE) El abogado defensor del primer ministro, Gaetano Pecorella, ha subrayado que se trata de "una sentencia que se esperaba" y defendió la ley que establece que "si la falsedad en balances no crea efectos nocivos de alguna relevancia no merece ser castigada".
El proceso por el caso All Iberian comenzó en 1998 con Silvio Berlusconi –entonces líder de la oposición– como uno de los principales imputados, y se ha prolongado hasta hoy en medio de recursos, apelaciones y demoras.
Según la Fiscalía, entre 1989 y 1996 All Iberian, sociedad interpuesta de Fininvest, falsificó sus balances para financiar ilegalmente varios partidos políticos, entre ellos el socialista del fallecido Bettino Craxi con unos 22.000 millones de liras (unos 11 millones de euros al cambio de hoy). Dada la magnitud del proceso, las autoridades judiciales decidieron desglosarlo en dos: el primero se ocupó de la supuesta financiación ilícita del PSI por parte de Berlusconi y el segundo exclusivamente de la falsedad de balances.
El "All Iberian-1" concluyó con una condena a prisión de dos años y cuatro meses para el hoy primer ministro y cuatro años para Craxi, que fueron anuladas en octubre de 1999 cuando el Tribunal de Apelación de Milán declaró prescrito el delito y les absolvió. En el "All Iberian-2", decidido hoy, han sido absueltos, además de Berlusconi, los ex dirigentes de Fininvest Ubaldo Livolsi, Alfredo Zuccotti y Giancarlo Foscale, acusados del mismo cargo.
La absolución se ha producido gracias a una polémica ley aprobada por la mayoría de centroderecha al inicio de la legislatura de Berlusconi, que establece que la falsedad de balance no es un delito a menos que las partes damnificadas no interpongan una demanda judicial. Dicha norma, que la oposición consideró hecha para servir a los intereses de Berlusconi, fue recurrida ante el Tribunal de Luxemburgo, que el pasado mayo decidió que las directivas de la Unión Europea sobre derecho societario no podían modificar la legislación italiana.
El veredicto de este lunes ha sido acogido con satisfacción por parte de la gubernamental Forza Italia y con indignación por la oposición de centroizquierda, que ha denunciado que es una nueva muestra de la Justicia "a medida" del primer ministro.
El proceso por el caso All Iberian comenzó en 1998 con Silvio Berlusconi –entonces líder de la oposición– como uno de los principales imputados, y se ha prolongado hasta hoy en medio de recursos, apelaciones y demoras.
Según la Fiscalía, entre 1989 y 1996 All Iberian, sociedad interpuesta de Fininvest, falsificó sus balances para financiar ilegalmente varios partidos políticos, entre ellos el socialista del fallecido Bettino Craxi con unos 22.000 millones de liras (unos 11 millones de euros al cambio de hoy). Dada la magnitud del proceso, las autoridades judiciales decidieron desglosarlo en dos: el primero se ocupó de la supuesta financiación ilícita del PSI por parte de Berlusconi y el segundo exclusivamente de la falsedad de balances.
El "All Iberian-1" concluyó con una condena a prisión de dos años y cuatro meses para el hoy primer ministro y cuatro años para Craxi, que fueron anuladas en octubre de 1999 cuando el Tribunal de Apelación de Milán declaró prescrito el delito y les absolvió. En el "All Iberian-2", decidido hoy, han sido absueltos, además de Berlusconi, los ex dirigentes de Fininvest Ubaldo Livolsi, Alfredo Zuccotti y Giancarlo Foscale, acusados del mismo cargo.
La absolución se ha producido gracias a una polémica ley aprobada por la mayoría de centroderecha al inicio de la legislatura de Berlusconi, que establece que la falsedad de balance no es un delito a menos que las partes damnificadas no interpongan una demanda judicial. Dicha norma, que la oposición consideró hecha para servir a los intereses de Berlusconi, fue recurrida ante el Tribunal de Luxemburgo, que el pasado mayo decidió que las directivas de la Unión Europea sobre derecho societario no podían modificar la legislación italiana.
El veredicto de este lunes ha sido acogido con satisfacción por parte de la gubernamental Forza Italia y con indignación por la oposición de centroizquierda, que ha denunciado que es una nueva muestra de la Justicia "a medida" del primer ministro.