Un abogado español lleva diez días detenido e incomunicado en Libia

El abogado español Esteban Peralta es uno de los cuatro funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) detenidos el pasado jueves en Libia mientras visitaban en la prisión a Saif el Islám, hijo del fallecido dictador Muamar el Gadafi, según la jefa de comunicación de esa corte, Sonia Robla. 

Fueron retenidos el pasado día 7 de junio cuando se dirigía a visitar en la prisión a Saif el Islám, hijo del fallecido dictador Muamar el Gadafi, pendiente de juicio en el CPI por crímenes de lesa humanidad.

"No sabemos dónde están, no tenemos contacto con ellos desde el día siete y estamos preocupados por su seguridad y condiciones médicas", ha declarado Robla, quien ha recordado que la Corte ha exigido la "inmediata" liberación de los detenidos.

"Ocurrió algo" en la entrevista

Peralta (48 años) trabaja desde 2003 en la CPI como asesor legal y como tal se desplazó en comisión de servicios el pasado jueves a Zintan (noroeste de Libia) como miembro de una delegación de la Corte compuesta además por una colega libanesa, nombrada abogada de oficio para la defensa de El Islam, un diplomático ruso y una intérprete libanesa.

La comitiva viajó a Libia "siguiendo su obligación de asegurarse del estado de la detención de El Islám y que se respetan sus derechos", explicó Robla. La visita contaba con el visto bueno de las autoridades libias, por lo que la detención de los funcionarios ha sido una sorpresa.

"En el momento de la entrevista con El Islám ocurrió algo, les debieron de quitar los teléfonos, y desde entonces no hemos tenido contacto con ellos, no sabemos qué ha pasado con exactitud", según Robla, quien aseguró que la CPI mantiene "conversaciones" con el las autoridades libias, que "son nuestro interlocutor oficial".

El presidente de la TPI, el juez Sang-Hyun Song, declaró ayer en un comunicado que están "muy preocupados por la seguridad de nuestro personal ante la falta de contacto con ellos", por lo que pidió a las autoridades libias "que emprendan inmediatamente todas las medidas necesarias para asegurar su seguridad y liberarlos".

La TPI y las autoridades libias están enfrentadas sobre dónde debe ser juzgado el hijo de Gadafi, acusado en La Haya de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por el las fuerzas de régimen del fallecido dictador Muamar el Gadafi durante las revueltas de insurgentes en Libia en febrero de 2011. El tribunal con sede en La Haya tiene pendiente una orden internacional de arresto, pero las autoridades libias han cuestionado la admisibilidad del caso.

Peralta Losilla, nacido en Zaragoza y de 48 años de edad, es el jefe de la Sección de Apoyo Legal del TPI, donde lleva trabajando desde 2003, y es profesor de Derecho Público Internacional en la Universidad de Zaragoza. Está casado y tiene dos hijos. Según ha podido confirmar la corte, el profesor permanece desde el pasado jueves detenido e incomunicado en Zintan junto a Taylor y otros dos compañeros, el ruso Alexander Jodakov y la libanesa Helene Assaf.

Se negó a salir de Libia

Según ha podido saber Libertad Digital de fuentes cercanas a la familia de Peralta, el español y sus compañeros se encuentran en "una zona controlada por las milicias". Allí, "los pararon en un control" y "allí mismo detienen a la abogada y a su intérprete, acusados de tener documentos contrarios a la seguridad nacional de Libia".

En esa situación, a los demás miembros de la misión (Peralta y del diplomático ruso) se les exigió que abandonasen de forma inmediata Libia, a lo que el español se negó porque "dijo que es responsable de la misión y que tienen que volver todos". Entonces "en lugar de liberar a los detenidos los detienen a todos".

Desde ese momento "los mantienen incomunicados", a pesar de que en el caso de Peralta y el diplomático ruso "no tienen ninguna acusación formal sobre ellos".

Según las mismas fuentes el fiscal de Zintan ha pedido que se les investigue y que se les mantenga a allí durante un plazo de 45 días, pese a que todos gozan de inmunidad diplomática al estar en una misión del Tribunal Penal Internacional.

Hasta el momento, el único que ha podido ver a Peralta es el embajador de España en Libia, que ha asegurado a la familia "que está bien y que el trato es correcto dadas las circunstancias". Sin embargo, el propio detenido no ha podido hablar con su familia ni con nadie desde el 7 de junio.

Molestos con el Gobierno

Las mismas fuentes del entorno cercano de Peralta aseguran que la familia está muy enfadada por la inacción del Gobierno: hasta el momento los gobiernos de Líbano, Australia y Rusia y el propio TPI han pedido públicamente la liberación de los cuatro detenidos. El TPI, de hecho, ha mandado otra delegación para que los liberen.

Pero hasta el momento el Gobierno español no ha juzgado oportuno hacer una declaración al respecto. Además, nadie del ministerio de Exteriores se ha puesto en contacto con la familia, únicamente el embajador en Libia, pero nadie de instancias gubernamentales o ministeriales en nuestro país.