Apenas dos días después de señalar que la muerte de Wilman Villar muestra que la dictadura persiste en la represión contra la disidencia, Human Rights Watch (HRW) ha publicado su informe correspondiente al año 2011. Ahí acusan a Cuba de ser el "único país de América Latina donde se reprimen casi todas las formas de disenso político".
Según el documento, el régimen castrista "continuó –durante el año 2011–imponiendo el consenso político a través de detenciones a corto plazo, golpizas, actos públicos de repudio, exilio forzado y restricciones de viaje" y además "recurrió progresivamente a arrestos arbitrarios y detenciones por períodos breves para restringir derechos fundamentales de sus críticos, incluido el derecho a reunirse y circular libremente".
El informe resalta que en los juicios contra disidentes "no se respetan las garantías de debido proceso, como el derecho de defensa y a que su caso sea oído públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial", porque en la práctica los tribunales cubanos están "subordinados" a los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo que supone "la negación de garantías judiciales efectivas".
Por eso, denuncia que cada vez es más "habitual" que las autoridades cubanas utilicen las "detenciones arbitrarias con la finalidad de perseguir e intimidar a personas que ejercen sus derechos fundamentales". También apunta que "son muy pocos los casos en que miembros de las fuerzas de seguridad presentan órdenes de arresto al llevar a cabo una detención, y es común que se amenace a las personas detenidas con la posibilidad de un proceso penal si continúan participando en actividades 'contrarrevolucionarias'".
Por otro lado, la ONG apunta que en Venezuela la situación de los derechos humanos es "precaria" y detalla que "el debilitamiento del sistema democrático de equilibrio de poderes bajo el gobierno del presidente Hugo Chávez ha contribuido a una precaria situación de los derechos humanos".
También señala que "el gobierno sistemáticamente ha socavado el derecho a la libertad de expresión, la actividad sindical y la capacidad de acción de los grupos defensores de los derechos humanos". Finalmente, recuerda que los legisladores chavistas "aprobaron diversas leyes que aumentaron la capacidad del gobierno de restringir derechos".