(06-12-06) Venezuela destituirá a la funcionaria que negoció la indemnización y nacionalidad para seis etarras
El régimen de Hugo Chávez ha querido garantizar por escrito que no concederá la nacionalidad a cuatro etarras ni indemnizará con 325.000 euros a otros dos terroristas. Una carta con el compromiso será entregado por el Ministerio de Exteriores al embajador español en Caracas, Raúl Morodo. Además, según informaron fuentes oficiales a la agencia Europa Press, las autoridades "chavistas" van a remover de su cargo a la funcionaria que negoció el acuerdo con el abogado de los criminales: María Auxiliadora Monagas, responsable de la Oficina del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional.
LD (EFE) Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores anunciaron que el régimen de Venezuela entregará este miércoles al embajador de España en Caracas, Raúl Morodo, una carta en la que recoge por escrito las garantías ofrecidas al Gobierno del presiente José Luis Rodríguez Zapatero de que no indemnizará a dos terroristas y concederá la nacionalidad a otros cuatro.
Como parte de las garantías, según informa la agencia de noticias Europa Press, Caracas anunció que destituirá al funcionario de su Ministerio de Asuntos Exteriores que negoció el acuerdo con los abogados de los dos etarras extraditados a España a los que se iba a pagar 325.000 euros por haber sido entregados a la Justicia española.
Este martes, el abogado venezolano de los dos terroristas a indemnizar, Marino Alvarado, recordó que en junio pasado se firmó un acuerdo amistoso entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela y los abogados de los dos etarras que fueron expulsados en el año 2002, en el que se establecía la indemnización por "daños y perjuicios" por su deportación "ilegal y arbitraria'.
El pacto, de ocho páginas, está signado por dos abogados de los etarras y la responsable de la Oficina del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional, María Auxiliadora Monagas, organismo dependiente del Ministerio de Exteriores encargado de adelantar las negociaciones y acuerdos en casos sometidos al procedimiento de solución amistosa. El acuerdo, que según el letrado se cerró en la oficina de la citada entidad, contaba "con el consentimiento de los altos funcionarios de la Cancillería". De hecho, destacó que el ocho de noviembre fue refrendado el ocho de noviembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El abogado de los etarras lamentó que Caracas esté cediendo a las presiones que le llegan de Madrid, y eso es inaceptable". Advirtió que en caso de que las autoridades venezolanas decidan ahora incumplir lo pactado en junio, entonces elevará su denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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