El próximo miércoles el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso llevará al Pleno de la Asamblea de Madrid su Ley de Presupuestos para 2022, después de haber prorrogado durante dos años los de 2018. A partir de mañana se abre el plazo para presentar enmiendas hasta el próximo 21 de noviembre, fecha en la que se conocerá la posición definitiva de Vox sobre la norma que, permitirán tramitar absteniéndose, o apoyarán si llegan a un acuerdo con el PP.
Para darles su apoyo efectivo, Vox exige a cambio varias contrapartidas, entre ellas derogar las leyes de género aprobadas durante el Gobierno de Cristina Cifuentes por considerar que vulneran la presunción de inocencia, son discriminatorias y atacan la libertad de expresión de quienes se oponen a la ideología de género, según explican fuentes de Vox, que comparan estas normas con las leyes de la ministra de Igualdad, Irene Montero.
El partido de Rocío Monasterio registró la semana pasada una Ley de Igualdad y no Discriminación que incluye la petición de eliminar la Ley 2/2016 de 29 de marzo de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación; y la Ley 3/2016 de 22 de julio de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por razón de Discriminación por Razón de Orientación de Identidad Sexual.
La propuesta recoge el respeto a la objeción de conciencia de los médicos, en plena ofensiva de la izquierda para eliminar este derecho para los casos de aborto, o la obligación de respetar que "ninguna persona pueda ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad" y que, según explica el partido, tiene u doble objetivo: evitar que se pueda obligar a alguien a hacer terapias de reconversión o que un asistente social pueda iniciar un proceso de ese tipo para un menor, sin consentimiento paterno.
Las exigencias de Vox
Se trata de una norma que, según explican fuentes del partido, están abiertos a que el PP modifique vía enmiendas para llegar a un acuerdo que les lleve también a apoyar los presupuestos del próximo año, si se admiten además otras exigencias económicas como la plena gratuidad en la educación para la primera etapa de Infantil, es decir de 0 a 3 años, la FP o el Bachillerato, a través de un cheque escolar que elimine diferencias entre la educación pública, concertada o privada; y reducir las partidas destinadas a los menas en Madrid, como los del centro de Batán.
Para garantizar la gratuidad educativa, Vox calcula que serían necesarios entre 380 y 400 millones de euros que podrían obtenerse reduciendo coste político en organismos, asociaciones u observatorios innecesarios, además de priorizar esta inversión frente a otras como, por ejemplo, la construcción de carriles-bici.
Negociaciones en paralelo
Según fuentes de Vox, las negociaciones con el PP para llegar a un acuerdo presupuestario y sobre las leyes de género se llevan a cabo de forma paralela entre Rocío Monasterio, por parte de Vox, y los consejeros de Hacienda y Economía, Javier Fernandez- Lasquetty, por un lado, y el consejero de Justicia, Enrique López, por otro, como representantes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
En Vox entienden que sus peticiones son "razonables", "sensatas" y "sencillas" por lo que esperan que el PP pueda asumirlas ya que, según afirman, hay voluntad de acuerdo por parte de ambos partidos. De hecho, la propia presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha admitido que las leyes de género actuales de la comunidad son mejorables, aunque no ha expresado en ningún momento su voluntad de derogarlas.