La propuesta de Ayuso frente a la ley Celaá: blinda la educación concertada y especial y potencia la excelencia

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el Proyecto de Ley Maestra de Libertad Educativa de la Comunidad de Madrid para que el texto pueda ser remitido a la Asamblea de Madrid e inicie el debate previo a su entrada en vigor.

Con ella, el Ejecutivo regional busca "garantizar un sistema educativo acorde con la Constitución y con el ejercicio de la libertad de elección de centro escolar, recogida en su artículo 27, teniendo en cuenta la demanda de las familias y el desarrollo integral de los alumnos y, específicamente, de los que presentan necesidades educativas especiales", tras la aprobación de la ley Celaá.

Esta nueva normativa, cuya entrada en vigor se prevé a lo largo de este próximo curso 2021/22, se aplicará en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de forma que más de 1,2 millones de estudiantes se beneficiarán de ella. En la actualidad, el 54,5% de los alumnos de la región está escolarizado en centros públicos, mientras que 29,6% lo hace en concertados y el 15,9% en privados, han detallado desde el Ejecutivo regional.

Tal y como ha detallado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, en rueda de prensa, los objetivos de la Ley educativa madrileña son, además, "garantizar la igualdad de oportunidades, avalar el derecho a recibir las enseñanzas en castellano, confirmar la pluralidad de la oferta educativa y fomentar la excelencia académica, asegurando la transparencia informativa en todos los procesos".

Del mismo modo, regulará la normalización, inclusión, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo para los estudiantes con necesidades educativas especiales. El número alumnos escolarizados en la modalidad de Educación Especial en centros sostenidos con fondos públicos es de 5.839, de los que 2.974 pertenecen a centros públicos y 2.865 a concertados.

Esta escolarización se revisará de forma continua para que en cada momento se cuente con "el entorno educativo más inclusivo y potenciador de las capacidades del alumno". De esta manera, "se garantiza en la región la continuidad de los centros de Educación Especial en la Comunidad de Madrid, pese a la aprobación de la nueva ley educativa estatal".

La Administración educativa dotará de los recursos humanos y materiales necesarios, y se impulsará la formación del profesorado junto con la investigación e innovación en la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. Además, se promoverá la implicación de las familias del alumnado, recogiendo estas actuaciones en los documentos de organización para hacer efectiva la comunicación y participación de la familia en la vida de los centros educativos.

Esfuerzo y excelencia

La nueva Ley Maestra apostará por "el esfuerzo y la excelencia" dentro del sistema educativo, frente a la premisa de la Lomloe de promover la titulación y la promoción con suspensos. Entre otras medidas, se promoverán la realización de pruebas externas que fomenten la calidad. Además, garantizará el derecho a recibir las enseñanzas en español, como lengua oficial y vehicular de España e impulsará actuaciones de coordinación con otras comunidades e instituciones públicas y privadas con esta finalidad.

Esta normativa asegurará también "la libertad de elección de centro educativo con independencia del barrio de residencia y apostando por la zona única, una de las señas de identidad del sistema educativo madrileño". Y es que el 95,8% de las familias madrileñas ha obtenido plaza en el colegio elegido como primera opción para escolarizar a sus hijos de 3 años para el próximo curso escolar 2021/22.

Otro de los puntos fundamentales de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid será la defensa de la educación concertada. La normativa va a garantizar las plazas suficientes en enseñanzas declaradas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de los centros públicos y privados concertados e incluyendo el concepto de demanda social. "Este concepto ha quedado excluido en la nueva Ley educativa nacional, que pone en peligro la libertad de las familias madrileñas a elegir este tipo de educación", han remarcado desde el Gobierno regional.