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Madrid

Una juez exculpa al gobierno de Díaz Ayuso de las muertes en residencias

En el auto, Mónica Boticario señala que la falta de materiales de protección era "una carencia estatal".

En el auto, Mónica Boticario señala que la falta de materiales de protección era "una carencia estatal".
Díaz Ayuso y Enrique Ruiz Escudero en un acto en la Comunidad de Madrid. | EFE

La juez de instrucción número 5 de Leganés ha rechazado estudiar una querella de familiares contra varios responsables de residencias de ancianos y consejeros de la Comunidad de Madrid, según informa Vozpópuli, disculpando al ejecutivo de Díaz Ayuso hasta el punto de alegar que la covid-19 es una enfermedad de la que aún se desconocen sus efectos o que la falta de materiales de protección era "una carencia estatal".

El Juzgado de Leganés recibió la querella, firmada por 11 familias de ancianos –algunos murieron, otros resultaron contagiados en residencias del citado municipio madrileño– y presentada contra diversos directores de centros geriátricos y consejeros de la Comunidad de Madrid, el pasado 28 de mayo. Los querellantes denuncian homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y trato degradante.

Sin embargo, la magistrada Mónica Boticario afirma en el auto que "no se deduce la existencia de indicios racionales de criminalidad" y que, "por lo que respecta a los querellados de carácter político, por más que se insista en la querella que no actuaron de manera eficaz ni a tiempo, no podemos olvidar que la falta de material de protección (los denominados epis) era una carencia a nivel estatal, que hubo de comprarlo de manera urgente a otros países, que el mercado estaba colapsado porque la pandemia se extendía a nivel mundial".

Boticario agrega que "tampoco el Estado español, autoridad suprema en la materia desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020, garantizó esas dotaciones".

Además, el auto reza que "la actuación de los directores de las residencias o de los consejeros" no hizo enfermar a los afectados y que "de la descripción que se hace sobre los pasos seguidos por la Comunidad de Madrid para responder a dicha situación de alarma social no se desprende indicio alguno de la comisión de uno o varios ilícitos".

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