El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sí alertó a la Delegación del Gobierno de Madrid del "riesgo inminente" del coronavirus en dos resoluciones de la Dirección General de Salud Pública adoptadas el 6 de marzo y enviadas el día después. Así se lo ha hecho saber a la la titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid que investiga si se cometió un delito de prevaricación por autorizar las concentraciones entre el 5 y el 14 de marzo en plena crisis ya por la covid-19.
Según ha adelantado Vozpópuli y han confirmado a Libertad Digital fuentes del Gobierno regional, la Comunidad de Madrid envió dos correos a la Delegación dirigida por José Manuel Franco, un día antes de la manifestación del 8-M. En ellos se notificaban las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), en las que constaba "el riesgo de carácter inminente para la salud pública" por la expansión del coronavirus
Una de ellas hace referencia a la suspensión de las actividades en los centros de mayores de la Comunidad de Madrid. "En el ejercicio de la citada actividad de vigilancia epidemiológica se ha constatado la existencia de casos confirmados de infección de covid-19 entre los usuarios de centros de mayores, que constituyen una población especialmente vulnerable a la enfermedad", se advertía. "Se considera que existe un riesgo inminente y extraordinario para la salud pública y en particular para los usuarios y trabajadores de los referidos centros".
La otra resolución corresponde a la suspensión de las prácticas de estudiantes en los centros sanitarios por "el plazo de un mes, sin perjuicio de las prórrogas que se acuerden de forma sucesiva". En dicha resolución se indicaba que "de acuerdo con lo previsto en el artículo primero de la Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública, las distintas administraciones públicas —dentro del ámbito de sus competencias y con el objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro— pueden adoptar las medidas previstas en la citada ley, cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad".
Esta comunicación a la juez se produce después de que Delegación del Gobierno haya negado ante esta misma magistrada que recibiera una comunicación anterior al 14 de marzo. Concretamente, el secretario general de la Delegación del Gobierno en Madrid, Fernando Talavera, afirmó a la magistrada que "no consta (en la Delegación del Gobierno) recepción de comunicaciones sanitarias con anterioridad al día 14 de marzo de 2020, en el marco de la crisis generada" por la pandemia.
La juez Carmen Rodríguez-Medel emplazaba entonces al secretario general de la Delegación del Gobierno de Madrid a aportar antes del 30 de abril la primera comunicación, indicación, alerta o noticia que se recibiera por escrito en la Delegación del Gobierno en relación con la covid-19 procedente de cualquier Administración con anterioridad al 14 de marzo.
Esta misma semana, la magistrada archivaba la investigación por lesiones imprudentes contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, tras haber recibido un informe del médico forense de los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla de Madrid en el que no podía acreditarse la "relación de causalidad" entre acudir a una concentración y haberse contagiado de coronavirus. No obstante, la investigación sigue adelante por un posible delito de prevaricación.