Varapalo al Gobierno y a la SGAE

La decisión de la Audiencia Nacional de anular el canon digital ha supuesto un duro varapalo para el Gobierno ante una medida que desde que se anunció no ha parado de generar polémica y confrontación.

En diciembre de 2007, el Parlamento aprobó el canon digital y en junio del año siguiente se puso en práctica para los CD. El objetivo era compensar a los autores por las copias para uso privado que pudieran generar los particulares. Sin embargo, el Ejecutivo aplicó este canon también para otros elementos de almacenamiento y reproductores portátiles de música.

Tan sólo un mes después de su aplicación, esta polémica medida fue llevada a los tribunales. Fue la Asociación de Internautas, la más activa contra esta norma, la que presentó un recurso ante la Audiencia Nacional al entender que vulneraba varios artículos de la Constitución y de la Ley de Propiedad Intelectual.

A pesar de esta denuncia, el canon digital se ha estado aplicando con total normalidad durante más de dos años. La SGAE ha estado aprovechando el canon sobremanera. Y durante este tiempo, Ángeles González Sinde se hizo cargo del Ministerio de Cultura convirtiéndose en la gran defensora del canon. Como respuesta, se recogieron tres millones de firmas contra una iniciativa que la mayoría de ciudadanos consideraban abusiva.

La Audiencia de Barcelona consultó al Tribunal de Luxemburgo sobre la aplicación de una denuncia de la SGAE sobre una pequeña empresa distribuidora, Padawan.

Meses más tarde, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se manifestó sobre este pleito y declaró que el canon digital era ilegal puesto que gravaba de "forma indiscriminada" todos los equipos y materiales de reproducción, sin distinguir si éstos se iban a utilizar para hacer copias privadas.

En consecuencia, la Audiencia de Barcelona absolvió a esta empresa distribuidora, , denunciada por no pagar el canon. Según esta decisión, el canon sólo puede aplicarse en soportes que vayan destinados a copia privada pero no al resto. Así, las empresas quedarían exentas.

Y el golpe de gracia ha llegado este jueves con la decisión de la Audiencia Nacional, que ha dictado seis sentencias que anulan la orden ministerial por la que se aprobó el canon digital. Según la Justicia, esta norma está afectada de "vicio radical".