La Asociación de Internautas considera en un comunicado que aunque sea la Oficina de Conflictos de Intereses quien debe gestionar el procedimiento sobre la ministra de Cultura y las ayudas al cine, la "imputación formal" corresponde al Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Administraciones Públicas, según se desprende de la ley 5/2005 que regula los conflictos de intereses por ser la acusada ministra.
Será sólo tras ese acuerdo cuando pueda iniciarse formalmente el procedimiento del expediente sancionador. No obstante, la AI considera que "eso es algo que nunca ha sucedido en la historia ni sucederá, pues como es obvio antes la ministra dimitirá". La organización cree que la situación en que se encuentra ahora mismo González-Sinde es similar al privilegio del que disfrutaban antiguamente los jueces, contra los cuales se debía celebrar un proceso llamado "antejuicio" antes de poder exigirles responsabilidad penal por cualquier delito.
En declaraciones a Libertad Digital, el presidente de la AI dice que "debemos estar estrenando esta ley" ya que la aprobación del reglamento de la misma se publicó en el BOE el 14 de abril, así que considera normal que haya cierta confusión sobre la situación real del procedimiento.
La denuncia tiene su base en el artículo 7 de la ley que regula los conflictos de intereses, "quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público". La AI ha denunciado que González-Sinde es presidenta del ICAA, organismo que ha concedido la ampliación de ayudas al cine, y tiene empresas en el mundo del cine, así como familiares que viven de él.