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Ocho años de cárcel por colgar en internet fotos y vídeos eróticos de cargos públicos

El juzgado de lo penal número 2 de Mérida ha condenado a ocho años de prisión a un informático por haber difundido en internet una serie de fotos y vídeos de contenido sexual en los que intervenían personas conocidas en la vida pública de la capital extremeña.

LD/Europa Press

La sentencia condena a David Crejo García a cinco años de cárcel por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, a los que se unen otros tres años más por un delito de descubrimiento de secretos.

Las personas que intervenían en las citadas escenas de contenido sexual eran el abogado Ángel Acedo, hermano del entonces alcalde de Merída, el popular Pedro Acedo; la concejala del PP Gloria Constantino y la procuradora y presentadora de televisión local María del Mar Pérez de las Heras.

Fueron en total 15 fotografías y dos vídeos. Las primeras, además de aparecer en internet, se pegaron en farolas y árboles de la capital extremeña. En ellas se veía a  las mujeres teniendo relaciones con Ángel Acedo, lo que provocó, entre otras cosas, el divorcio de la presentadora de televisión, que posteriormente abandonaría la ciudad.

David Crejo deberá indemnizar con 120.000 euros a María del Mar Pérez de las Heras y con 100.000 euros a Gloria Constantino y otros tantos a Ángel Acedo. Esta indemnización implica de forma subsidiaria a la empresa Grupo Informático de Mérida S.L., de la que Crejo era socio y que tenía a su cargo el mantenimiento de los equipos informáticos del bufete del abogado.

El fallo considera que el condenado accedió al ordenador personal de Acedo, grabó los ficheros y luego los difundió desde su ordenador con intención de menoscabar la imagen pública de las personas citadas. En la sentencia figura que dichas personas "de cierta relevancia social en localidad y muy conocidas, padecieron un grave sufrimiento moral y nefastas consecuencias en su vida personal, familiar y profesional".

En el momento de realizar el acto delictivo, Crejo reclamaba al Ayuntamiento varias deudas que sumaban hasta 300.000 euros, reclamación económica que fue posteriormente rechazada en los tribunales.

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