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La guerra abierta que desde hace tiempo mantienen los internautas y las entidades de gestión de derechos de autor, encabezadas por la SGAE, tras la aprobación del denominado canon digital sube un poco más de tono y llega a los juzgados.
Destacados miembros de la plataforma Todoscontraelcanon han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a dichas entidades de gestión por "posibles delitos de Fraude a la Hacienda Pública, falsificación de documentos privados y públicos y apropiación indebida". Entre otros aspectos, acusan a estas organizaciones de violar la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) por apropiarse indebidamente de cerca de 50 millones de euros provenientes del canon digital de 2008 y 2009 que deberían haber sido abonados a los autores o bien devueltos, en base a diversos informes de cuentas y documentos públicos.
La reacción de la SGAE ante tales acusaciones no se ha hecho esperar. La organización que preside Teddy Bautista, junto al resto de entidades denunciadas, acaba de anunciar que interpondrán una querella criminal contra los denunciantes por calumnias.
A continuación, la nota difundida por la SGAE:
Ante el anuncio público de una denuncia presentada por la plataforma todoscontraelcanon.com, ante la Fiscalía Anticorrupción, contra las Entidades de Gestión colectiva, queremos manifestar lo siguiente:
1. La denuncia formulada es enteramente falsa y calumniosa, sustentada en datos tendenciosa y erróneamente interpretados, y atribuye gravísimos delitos que afectan a la honorabilidad de los responsables de las Entidades de Gestión.
2. Las entidades interpondrán una querella criminal por calumnias contra los firmantes del escrito.
3. Las Entidades de Gestión solicitamos al Fiscal Anticorrupción la más rápida tramitación de la denuncia formulada, su archivo inmediato y la deducción de testimonio de dicha denuncia al Juzgado de Guardia competente por la comisión de un presunto delito de denuncia falsa.
4. Las Entidades de Gestión queremos expresar que nuestra actuación se ajusta escrupulosamente al marco legal que la regula, en particular en el relativo a todos sus sistemas de reparto, avalados en 2008 y 2010 por los informes de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).