(Libertad Digital) Según las líneas directrices anunciadas este martes por la OCDE en París, esta cooperación debe materializarse principalmente en una relación "más estrecha, rápida y eficaz" entre los organismos encargados de la protección de los consumidores de sus 30 países miembros, ha informado la agencia Efe. Los obstáculos de las justicias nacionales para capturar a los responsables son numerosos, puesto que éstos actúan con mucha rapidez y se escudan en la dificultad de la autoridades de perseguirles más allá de sus fronteras y en la falta de legislación internacional en la materia.
Para superar esas carencias, la OCDE recomienda a los gobiernos la creación de un dispositivo nacional de lucha contra las prácticas fraudulentas y el refuerzo de los mecanismos que permiten el intercambio de información y la colaboración en investigaciones. Las directrices también estipulan la mejora de los medios para proteger a los consumidores extranjeros frente a las empresas nacionales y a los nacionales ante las sociedades extranjeras, así como el estudio de medidas para que las víctimas de estos fraudes puedan ser indemnizadas y una mayor cooperación entre las entidades del sector privado implicadas.
Estas nuevas directrices se inspiran en las que la OCDE estableció en 1999 respecto a la protección de los consumidores de las prácticas fraudulentas en el comercio electrónico y en varios acuerdos bilaterales firmados por algunos países miembros.