La operación se inició después de que una persona de nacionalidad alemana ingresara en estado grave en un centro sanitario afectada por una sobredosis de un medicamento obtenido ilegalmente a través de Internet. Las investigaciones permitieron localizar a dos personas con residencia en Marbella, que podrían haber sido los suministradores del medicamento al ciudadano alemán. Se trataba de T.H.W. y M.L., de 40 años, residentes en Marbella y presuntos suministradores del medicamento a su compatriota.
En el registro de su vivienda, los agentes intervinieron más de 4.000 envases de fármacos de diversas marcas, cerca 60.000 euros en diferentes divisas, sistemas informáticos y documentación que en estos momentos analizan los investigadores.
Una vez que fueron detenidos los dos ciudadanos alemanes, las investigaciones apuntaron hacía otras dos personas de nacionalidad portuguesa, que supuestamente colaboraban con los anteriores en el traslado y distribución de los medicamentos: C.A.S., de 40 años, y P.M.S., de 34 años.
Las ofertas de medicamentos las hacían a través de internet y una vez realizado el pedido por los clientes, y previo pago de su importe, eran remitidos a través de paquetería postal. La red adquiría los medicamentos a través de un distribuidor de Madrid y otro de Portugal, y para justificar su actividad legal presentaba ante estos distribuidores certificaciones de registro y documentos de una empresa que habría creado en Bélgica presuntamente para realizar estas actividades ilícitas.
Con el fin de dificultar su localización ante posibles investigaciones, sus integrantes cambiaban periódicamente de domicilio en lujosas viviendas que abandonaban sin abonar su alquiler.
La Guardia Civil quiere recordar a la opinión pública que la legislación española prohíbe la venta de cualquier tipo de medicamentos a través de Internet. Además, que las oficinas de farmacia legalmente autorizadas o los servicios de farmacia de los hospitales, centros de salud y de las estructuras de atención primaria del sistema nacional de salud son los únicos establecimientos autorizados para la custodia, conservación y dispensación.
El comercio de este tipo de medicamentos a través de otras vías diferentes a las anteriormente expuestas supone, según subraya la Guardia Civil, un grave riesgo para la salud pública ya que la falta del control sanitario no garantiza ni la eficacia del tratamiento ni su correcta administración.