LD (EFE) Al no formar parte esa enmienda de la posición común alcanzada entre el Parlamento Europeo y los países de la UE, la totalidad del marco legislativo tendrá que pasar en otoño al comité de conciliación –proceso en el que representantes de la Eurocámara y el Consejo negocian un acuerdo– y ya no podrá ser aprobado en la presente legislatura, cuyo último pleno se celebra esta semana.
A causa de un cambio a última hora en el orden de las votaciones solicitado por los Verdes y los liberales, los eurodiputados aprobaron por 407 votos a favor, 57 en contra y 171 abstenciones la enmienda 9 del informe sobre las redes y servicios de las comunicaciones electrónicas.
Así, el PE apoyó no imponer "restricción alguna a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios finales sin una resolución previa de las autoridades judiciales", según el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en materia de libertad de expresión y de información, "excepto cuando la seguridad pública se vea amenazada, en cuyo caso la resolución puede ser posterior".
El cambio en el proceso de voto motivó que la enmienda 10, sobre la que el PE y el Consejo (los estados miembros) habían llegado a una posición común, decayese. Ese texto preveía que cualquier medida sobre el uso de internet respetase "los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, incluidos el derecho a la intimidad, la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información y el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley que actúe en el marco de un procedimiento justo".
Todo ello, de conformidad con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, pero sin hacer referencia a una orden judicial previa para restringir ese acceso a internet.
La redacción del artículo sobre los derechos de los internautas fue uno de los puntos de negociación más difícil entre el Parlamento y el Consejo, especialmente en un momento en que países como Francia intentan impulsar leyes contra la descarga ilegal de contenidos. En el caso francés, ese proyecto de ley prevé que un organismo pueda cortar el acceso a la red sin que medie una orden judicial, después de haber enviado dos advertencias a los internautas que descargan ilegalmente contenidos audiovisuales.
De esa manera, la policía o un organismo creado ad hoc tendrían potestad para restringir el acceso a internet a los usuarios, una posibilidad que el Parlamento Europeo rechazó de pleno desde el comienzo de las conversaciones con el Consejo.