En la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros de 2010, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, junto con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, han sido los encargados de informar sobre la ley "antidescargas" que se incluye en el proyecto estrella del Ejecutivo, el anteporyecto de Ley de Economía Sostenible.

Según ha informado este viernes el Ejecutivo se han introducido modificaciones en la polémica ley que anulan las anunciadas por la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde.

De la Vega señaló que dentro del nuevo texto está la nueva redacción de la regulación, "donde se establece un procedimiento judicializado ampliando las competencias del juez para decidir sobre este tema". Se trata de "armonizar derechos e intereses vinculados a la Red y a la propiedad intelectual, especialmente en el terreno de la creación audiovisual, sin vacíos legales y sin indefensiones". El modelo elegido por el Gobierno establece, según precisó De la Vega, "todas las garantías".

La Audiencia Nacional

Finalmente, para que el cierre o bloqueo de una página web se lleve a cabo deberá hacerse con previa autorización judicial. El organismo encargado de este proceso será la Audiencia Nacional. Este tribunal deberá determinar si se está vulnerando los derechos de autor, según ha anunciado el titular de Justicia, Francisco Caamaño.

Para llevar a cabo este proyecto, el Ejecutivo creerá la Comisión de Propiedad Intelectual, organismo dependiente del Ministerio de Cultura, e integrado por expertos.

Caamaño ha anunciado cómo se desarrollará el proceso: "La Comisión de Propiedad Intelectual, recogerá las quejas de los ciudadanos" que quieran denunciar a una determinada web "e investigará si se producen actos lesivos a la propiedad intelectual, y a consecuencia de ello se pondrá el conocimiento del titular".

A partir de entonces, el juez de la Audiencia Nacional reunirá a las partes que según el ministro "ponderará el conflicto entre los dos derechos fundamentales" para que logren un acuerdo. Si no se produce, el magistrado podrá decretar o no el bloqueo de la página, en un plazo máximo de cuatro días.

La ley pasará por los órganos consultivos

De este modo, las denuncias por vulneración de propiedad intelectual se canalizarán a través de la Comisión de propiedad intelectual, que Sinde quería que fuese la encargada de clausurarlas sin intervención judicial. 

"Estos cambios" ha señalado Caamaño" hará necesaria una modificación por Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, el ministro ha señalado que será la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia la que garantizará "que no se dañen los derechos fundamentales que están en juego, la propiedad intelectual, la libertad de información y de expresión" concluía Caamaño.

Según ha dicho la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, ahora toca el turno del "debate en los órganos consultivos" de estas modificaciones, aunque se ha mostrado confiada en que es el paquete de medidas que "ofrece más garantías, un proceso judicializado".

Ahora, el anteproyecto de ley será enviado a diversas instituciones como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial y, posteriormente, al Parlamento para su discusión y aprobación.
Este recorrido burocrático llevará meses.