Interviú censura los medios que reproducen sus portadas

La primera noticia de esta campaña fue el requerimiento recibido por el blog de diseño gráfico Quintatinta. Su autor es Diego Areso, trabajador de Público, y cometió el "grave error" de reproducir algunas portadas históricas de Interviú, una comparación entre los rediseños de ¡Qué me dices! y Cuore, está última también del Grupo Zeta y un par de anotaciones sobre el rediseño de la propia Interviú. Pese a tener permiso incluso del director de Cuore, su proveedor de espacio web –una empresa norteamericana– bloqueó su cuenta y sus dominios tras recibir un requerimiento de unos abogados españoles. Tras retirar todo ese material, pudo volver a utilizar su blog.

Este martes ha sido el periódico digital La Voz Libre quien se ha encontrado con un problema similar. El dominio por el que se accede habitualmente a la web, lavozlibre.com, había dejado de llevar a la web. No era problema en este caso de su proveedor de espacio web –una empresa española–, pues la web seguía funcionando perfectamente bajo el dominio lavozlibre.es. Había sido la empresa en la que habían contratado el dominio .com la que había cortado el acceso.

La razón era "una queja sobre copyright contra lavozlibre.com por copiar la revista Interviú", según indicaba un correo electrónico de la empresa. En concreto, lo único que reproducía y sigue reproduciendo es la portada, por lo que tomar estas acciones para solicitar su retirada resulta, a juicio del director de La Voz Libre, Manuel Romero, "inaudito". "Es un hábito aceptado y extendido la publicación de la portada de un medio informativo, ya que dar algo en portada es una noticia en sí misma".

Para Romero resulta especialmente paradójico que sea un medio como Interviú el que realice una campaña de estas características, ya que "tendrían que explicar ante un juez cómo es posible que Interviú se acoja a la libertad de expresión para publicar fotografías tomadas sin permiso de señoras desnudas en playas públicas, pero sea ilegal sacar sus portadas que están disponibles a la vista de todo el mundo en los kioscos". De hecho, intentando tomárselo con humor, el periódico ha publicado una viñeta exponiendo la paradoja.

Josep Coll, el abogado que retiró de YouTube las burlas contra Ramoncín

Los misteriosos "abogados españoles" que lograron que se retiraran esos contenidos están haciéndose famosos con notable rapidez. Se trata de la Asesoría Jurídica de las Artes, que logró su mayor éxito con la retirada del canal de El Jueves de YouTube por unos vídeos que criticaban a Ramoncín, parte de una campaña emprendida para eliminar de la web todo posible comentario negativo sobre el cantante, incluyendo amenazas a webs humorísticas.

El abogado que entonces se encargó del caso, Josep Coll, es el mismo que representa al Grupo Zeta en este caso. Según declaró en aquel entonces, los vídeos en cuestión vulneraban los derechos de imagen y de marca del artista. El bufete publicita su sistema "Red Points" que, según su sitio web, permite localizar contenidos protegidos y "los va eliminando sin acciones judiciales, sin atacar cibernautas, permitiendo un internet libre pero controlando únicamente los contenidos protegidos". También incluye un servicio de "control de reputación" que publicita bajo el eslogan: "No es necesario crear nuevos contenidos, es más rápido eliminarlos sin más".

Josep Coll ha informado a Libertad Digital que su bufete siempre contacta primero con el responsable de la web que, a su juicio, está vulnerando los derechos de uno de sus clientes. La idea, según ha indicado, es procurar dialogar para evitar la vía judicial, ya que éste no funciona bien en un mundo como el de internet, en el que lo que cuenta es "la inmediatez". No obstante, una vez que fracasa esa vía, "busca todas las armas" para proteger los intereses de su cliente.

Pese a que no ha querido entrar en detalles sobre este caso, por consideraciones de confidencialidad, parece que el arma que el bufete de Coll ha empleado en todos estos casos es la ley norteamericana Digital Millenium Copyright Act (DMCA), cuya intención es crear seguridad a los proveedores de internet de las posibles acciones ilegales de sus usuarios. Mediante esta ley, aquellos que consideren que se han violado sus derechos de autor pueden reclamar al proveedor (por ejemplo, YouTube), que debe retirarlos e informar al responsable de haberlos subido. En caso de que este niegue la existencia de violación alguna, el proveedor puede mantener el contenido en cuestión y el asunto se dirimirá entre el denunciante y el usuario, sin que el proveedor pueda ser acusado de complicidad en la violación. Sin esa ley sería económicamente suicida alojar en Estados Unidos ningún servicio web que permita a los usuarios subir contenidos.

Dado que las leyes españolas son distintas, retirar algo de la web en nuestro país es mucho más largo y complicado, razón por la cual el proveedor español de La Voz Libre no ha recibido notificación ni burofax alguno. Para el bufete parece ser más sencillo recurrir a la puerta de atrás de recurrir a una ley norteamericana para dirimir las diferencias entre dos medios de comunicación españoles.

Josep Coll nos ha explicado, sin referirse en concreto a este caso, que sí considera que la publicación de una portada puede violar los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, también ha llegado a decir que las millonarias subvenciones al cine favorecen las descargas, porque los productores ya ganan dinero y no les hace falta perseguir estos comportamientos, es decir, contratarlo para perseguir estos comportamientos.