La sala del juzgado de distrito de Tangerang rompió en un sonoro aplauso cuando el magistrado Karel Tuffu exculpó a Prita Mulyasari, de 32 años y madre de dos hijos, de los cargos de libelo, por los que podía haber sido condenada hasta seis años de cárcel. La acusada, cubierta con un velo azul, comenzó a llorar mientras, de forma entrecortada, daba las gracias a Dios y al tribunal por la sentencia.
El fallo ponía así fin a uno de los casos más polémicos y mediáticos de los últimos años en Indonesia, un culebrón judicial que ha dejado patentes los problemas de la opaca maraña legal de la tercera mayor democracia del mundo.
La decisión se vio influida por una increíble campaña orquestada a través de la red social Facebook, un fenómeno de masas en Indonesia, donde más de 100.000 personas denunciaron la arbitrariedad de su sistema judicial. El movimiento tuvo una fuerte repercusión en los medios de comunicación locales y llegó a tal extremo que los tres candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 8 de julio decidieron mostrarse favorables a la absolución de Prita Mulyasari.
"Es un caso muy importante porque está ligado a la libertad de expresión", aseguró Todung Mulya Lubis, abogado indonesio y activista a favor de los derechos humanos.
Prita Mulyasari fue acusada basándose en la polémica Ley de Informaciones y Transacciones Electrónicas aprobada el año pasado, una normativa ampliamente criticada por los medios de comunicación por limitar la libertad de información.
El proceso dejó en evidencia los problemas del sistema legal indonesio, una mezcolanza de leyes coloniales holandesas, normas de la era del dictador Suharto y una década de legislación democrática. Además, ha recordado que la judicatura es una de las instituciones más corruptas de Indonesia, que a su vez es uno de los países con peores registros de transparencia del mundo.
La pesadilla legal de Prita Mulyasari, trabajadora de una entidad bancaria, comenzó en septiembre del año pasado, cuando acudió al hospital privado Omni International tras sentirse enferma y le fue diagnosticada la enfermedad del dengue, cuando en realidad sufría paperas.
Al descubrir el error médico, escribió un correo electrónico a diez amigos quejándose de la falta de profesionalidad del centro hospitalario, una misiva que posteriormente circuló ampliamente por internet y llegó a ser recogida por varios medios de comunicación. El hospital decidió emprender entonces acciones legales contra Prita Mulyasari, que se negaba a retractarse por sus comentarios, y la demandó por vía civil y penal.
En mayo, un juzgado civil indonesio condenó a la paciente a pagar una indemnización de 262 millones de rupias (25.500 dólares o 18.200 euros). Además, en un movimiento que no ha quedado suficientemente aclarado, la acusada fue encarcelada sin cargos durante tres semanas, una arbitrariedad que desató la ira ciudadana y las protestas a través de internet.
Luego le llegó en junio el turno a la demanda penal, que terminó con la exculpación de la acusada debido a la creciente presión social. En la actualidad, los abogados de la acusada están estudiando utilizar la sentencia absolutoria de la vía penal para apelar el fallo del juzgado civil y poner fin a la polémica.