LD (Daniel Rodríguez Herrera) El texto, aprobado la semana pasada en la Comisión de Cultura del Congreso a propuesta del Grupo Socialista y con el apoyo del PP, es la siguiente:
La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados establece que el videojuego constituye un ámbito fundamental de la creación y la industria cultural de España. En consecuencia, insta al Gobierno a reconocer a sus creadores y emprendedores como protagonistas de nuestra cultura.
Asimismo, en el marco de sus competencias y en coordinación con las administraciones autonómicas competentes, se insta al Gobierno a facilitar su acceso a todas las ayudas factibles para la promoción de su actividad, la financiación como industria cultural y la internacionalización de sus iniciativas.
La exposición de motivos contiene el clásico lloriqueo anticapitalista de quien es incapaz de crear empresas exitosas: para los políticos "las grandes corporaciones extranjeras" se aprovechan del "talento extraordinario de los creativos españolas" ganando dinero a su costa y negándoles "un reconocimiento justo, tanto en términos económicos, como en términos de propiedad intelectual y prestigio".
Los políticos alaban en esta exposición de motivos que los creadores españoles, en lugar de unirse para crear grandes empresas de desarrollo y distribución, lo hayan hecho para reivindicar "su consideración como industria cultural de primer orden", y solicitar "acceso a las ayudas para la financiación de sus obras". Es decir, que lo que deben hacer todos los españoles con dificultades no es crear empresas exitosas sino conseguir que los políticos les regalen el dinero de los contribuyentes.
Ramón Moreno, ponente del Grupo Popular de esta proposición, ha asegurado a Libertad Digital que su aprobación no significa que el sector de los videojuegos vaya a recibir necesariamente ayudas. Lo que se ha hecho es determinar dónde han de acudir para solicitarlas, la "ventanilla" a la que pueden reclamar, pero será luego decisión del Gobierno si se les otorgan o no; al PP le parece lógico que, si cumplen los requisitos, puedan acudir en igualdad de condiciones frente a otras actividades culturales como la danza o el teatro.