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El Principado garantiza la privacidad de los datos almacenados en su red informática

El Gobierno del Principado de Asturias, presidido por el socialista Vicente Álvarez Areces, ha querido "tranquilizar a la opinión pública" tras conocerse la concesión del control de los servidores informáticos de la Administración, donde se almacenan datos privados de ciudadanos y altos cargos, a la empresa privada Accenture. El viceconsejero de Administración Pública, Luis Iturrioz, ha matizado que existen plenas garantías de privacidad de los datos almacenados y que no existe "ningún riesgo" de que se vaya a privatizar el servicio informático.

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(Libertad Digital) El viceconsejero Luis Iturrioz justificó la cesión de todas las claves de acceso a que es imprescindible llevar a cabo "controles las 24 horas del día por si fallase algún sistema", un requisito imposible de cumplir cuando "los funcionarios no trabajan todo el día, no están por la tarde ni por la noche", recoge la edición de este miércoles de La Nueva España.
 
La empresa norteamericana Accenture, adjudicataria del Centro de Gestión de Servicios Informáticos (CGSI) del Principado de Asturias, tiene el control absoluto sobre archivos que contienen Información y datos de los ciudadanos, documentos personales del presidente del Principado de Asturias, de todos los consejeros del Gobierno, alcaldes y funcionarios de la Administración autonómica, e incluso bases de datos con información médica. En este sentido, Iturrioz señaló que el contrato del CGSI se encuentra en vigor "desde hace más de seis meses" y que "se está desarrollando sin ningún incidente que afecte a la privacidad de los datos, tanto de los ciudadanos como de la propia Administración".
 
En cualquier caso, Iturrioz se sintió "obligado" a defender "la profesionalidad hasta ahora manifestada por las 81 personas dependientes de la empresa Seresco y las 51 de la empresa Accenture, todas ellas jóvenes profesionales, mayoritariamente asturianos y con una profesionalidad probada en sus respectivas carreras profesionales". El hecho de que, a partir de ahora, esas personas dispongan de acceso directo a las bases de datos con información confidencial no implica una pérdida de seguridad.

"Entendemos que la privacidad y la cautela en el manejo de los datos informáticos se debe suponer a todos los profesionales de las tecnologías de la información y las comunicaciones, sean estos funcionarios o no, ya que todos ellos, la propia Administración pública y también las empresas privadas, están sujetos a la ley de protección de datos", explicó el Viceconsejero.

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