LD (Daniel Rodríguez Herrera) Desde hace meses, la Coalición –que agrupa a entidades de gestión de derechos como la SGAE y organizaciones empresariales como Promusicae– está negociando con las operadoras con red propia, agrupadas en Redtel, un mecanismo para perseguir las descargas. Durante estas conversaciones, que se han llevado a cabo con notable discreción y al margen de toda discusión pública que pudiera poner en apuros al Gobierno, las operadoras se habrían negado a desconectar a los usuarios siguiendo el modelo de la ley de los tres avisos de Sarkozy.
La Coalición habría decidido, según la información de El País, aceptar esa negativa a cambio de que se aceptara cerrar los sitios web de descargas. Se mantendrían los tres avisos a los usuarios, pero no se los desconectaría. "Sólo" se filtraría su tráfico y se bloquearía el acceso a los sitios web desde donde se realizan las descargas, cabe pensar que servidores como Rapidshare o Megaupload, aunque no se precisa demasiado la medida. Pese a este castigo, sus promotores consideran que es una medida con "carácter educativo". La letra, con sangre entra.
La otra medida que proponen es el bloqueo o cierre, tras un solo aviso, de los sitios web con enlaces a descargas, a los que llaman "concentradores" y que serían, según la coalición, responsables del 80% del tráfico de los archivos protegidos. Las fuentes a las que acude El País aseguran que contra estas páginas "se debe poder aplicar la ley actual, que ya permite cerrar las páginas que están poniendo a disposición obras sin el permiso de sus propietarios", pese a que en todos los casos que se ha llevado a los tribunales excepto uno –que ha sido sentencia de conformidad–, los jueces han sobreseído el caso.
Quizá por eso, esas mismas fuentes quieren "facilitar los procesos" por medio de una "vía administrativa en materia de regulación de contenidos en Internet, como ya existe en televisión. Esta autoridad administrativa podría, tras un primer aviso y los plazos correspondientes de alegaciones, ordenar la suspensión definitiva del servicio de alojamiento". Esta autoridad se llamaría Comisión de Desarrollo y Control de Contenidos Digitales y sería un órgano "independiente" vinculado orgánicamente al Ministerio de Industria.
En declaraciones a Libertad Digital, el presidente de la Asociación de Internautas ha dicho que las entidades de gestión "están intentando hacer algo, pero no están seguros exactamente de qué, así que se limitan a dar tumbos a ver si alguna de sus propuestas terminar por colar". El problema de su última propuesta, según Victor Domingo, "es que van a terminar por ilegalizar Google" ya que el buscador, como todos los buscadores, permite encontrar enlaces a descargas en redes P2P de contenidos protegidos por derechos de autor.
Entre otras páginas afectadas también estaría la propia web de El País , ya que uno de los blogs oficiales de elpais.com,