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El juez niega al Gobierno de los Estados Unidos el acceso a los datos de búsquedas de Google

Un juez federal ha ordenado a Google a que entregue al Gobierno 50.000 direcciones de páginas web, para ayudarle en su lucha contra la pornografía infantil, pero le ha negado al Gobierno la solicitud de datos sobre las palabras clave que utilizan los usuarios para llegar a ellas, en lo que es una importante victoria parcial para Google en su lucha por defender la privacidad de los internautas. El juez James Ware, del estado de California, basó su decisión precisamente en el derecho a la privacidad.

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Un juez federal ha ordenado a Google a que entregue al Gobierno 50.000 direcciones de páginas web, para ayudarle en su lucha contra la pornografía infantil, pero le ha negado al Gobierno la solicitud de datos sobre las palabras clave que utilizan los usuarios para llegar a ellas, en lo que es una importante victoria parcial para Google en su lucha por defender la privacidad de los internautas. El juez James Ware, del estado de California, basó su decisión precisamente en el derecho a la privacidad.
(Libertad Digital) En la fundamentación de la sentencia, James Ware considera que la privacidad, "combinada con la prevalencia de las búsquedas de material explícitamente sexual en Internet, le da a este juzgado plantearse si los requerimientos de búsquedas puedan constituir una información sensible".  El abogado de Google Nicole Wong considera que la sentencia "envía un claro mensaje en torno a la privacidad", y que "lo que significa esta sentencia es que ni el Gobierno ni nadie tiene carta blanca para demandar datos de empresas de Internet".
 
El juez considera en la sentencia que "la expectativa de privacidad que tienen algunos usuarios puede que no sea razonable, pero no obstante tiene un apreciable impacto en el modo en que se percibe a Google, y en consecuencia en la frecuencia con que los usuarios utilizan Google" en sus búsquedas. El juez Ware reconoce de este modo que el celo de Google por mantener la privacidad de sus usuarios es necesario para mantener la confianza de los internautas.
 
La sentencia considera que los 50.000 URL que el juez ha ordenado a Google que entregue al Gobierno, como éste había requerido, eran relevantes para el estudio estadístico que está realizando el Gobierno, en el que quiere apoyarse para defender la constitucionalidad de su legislación contra la pornografía infantil. La Ley de Protección del Menor On line, de 1998, fue bloqueada por el Tribunal Supremo por las dudas sobre la constitucionalidad de alguna de las medidas que preveía para hacerla cumplir. El Gobierno quiere demostrar con los datos que recabe de Google lo fácil que resulta entorpecer el uso de la pornografía en Internet.
 
El Gobierno Federal, después de una negociación con la empresa, se conformaba con solicitar 50.000 direcciones, de las que utilizaría 10.000 y 5.000 datos de búsqueda, de los que utilizaría 1.000. El juez Ware ordenó el pasado martes, 15 que Google ofreciera información sin que se supiera entonces el alcance de su solicitud. Ahora sabemos que se limita a las direcciones URL, pero no a las búsquedas en Google para llegar a las mismas.
 

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