(Libertad Digital) En fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda explicaron a Europa Press que esta medida tiene como finalidad, además de agilizar los trámites para el pago del impuesto, poner fin a las tramas fraudulentas de distribución de automóviles procedentes de otros países. De hecho, la iniciativa se enmarca en el Plan de Prevención de Lucha contra el Fraude, ya que la Administración espera aumentar el control sobre estas tramas que introducen vehículos en el mercado español de forma ilegal.
Miguel Pérez Subías, presidente de la AUI, se ha mostrado muy sorprendido por la noticia, ya que “el cierre de las ventanillas debería estar complementado con una mayor penetración de uso de Internet en España”, que actualmente se encuentra entre el 30 y el 40 por ciento. Aunque considera la posibilidad de realizar este tipo de gestiones a través de Internet un gran impulsor de su uso, cree que se deberían incentivar por medio de beneficios económicos, y no imposibilitando la única alternativa de la que dispone la mayoría de la población que no es internauta.
El impuesto de matriculación, competencia de las comunidades autónomas, supone un gravamen del 7% para los automóviles con una cilindrada inferior a 1.600 centímetros cúbicos con motor de gasolina y de menos de 2.000 centímetros cúbicos con propulsores diesel. Los vehículos con cilindradas superiores en cada uno de los casos soportan un gravamen del 12%.
La recaudación en concepto de impuesto de matriculación ascendió el pasado año a 1.289,6 millones de euros, lo que representa un incremento del 9,7% en comparación con el ejercicio precedente. Esta cifra no incluye la desgravación de las operaciones acogidas al Plan Prever.
Además este impuesto, la adquisición de un automóvil está gravada en España con un IVA del 16%, que en 2004 aportó a las arcas del Estado 3.355,4 millones de euros, un 18,8% más que en el año anterior. De esta forma, la fiscalidad sobre la adquisición de un coche oscila entre el 23% y el 28%.