El Gobierno de La Rioja niega que su legislación haya causado el cierre masivo de cibercafés
El Ejecutivo riojano ha acusado a la Asociación Nacional de Cibers (ANC) de "afán manipulador con intereses demagógicos" por sus denuncias sobre la situación de estos locales en La Rioja. El Gobierno autonómico ha añadido que su legislación "no ha afectado al crecimiento de cibercentros".
(Libertad Digital) En un comunicado enviado a este periódico, el Gobierno de Pedro Sanz dice que contempla "como uno de sus objetivos básicos de gestión el impulso de las nuevas tecnologías y de Internet como una herramienta clave para el desarrollo de la sociedad riojana". El Ejecutivo de la Rioja "rechaza, por infundadas, las acusaciones" vertidas por la ANC en las que se acusa a la administración regional de haber "destruido cibercafés privados al incluirlos en la Ley del Juego". El texto añade: "En ningún momento la normativa autonómica en este ámbito ha regulado a los cibercentros como tales establecimientos". Fuentes del Gobierno autonómico han dicho a Libertad Digital que no se han cerrado el 95 por ciento de los cibers riojanos, si bien no han proporcionado datos propios y han dicho que no disponen de estadísticas.
"Lo que sí ha regulado -continúa el comunicado- es la actividad de explotación de videojuegos en red en ordenadores personales, a través del Decreto 37/2002, de 12 de julio, en cuya fase de elaboración participó la Asociación Riojana de Cibers". El Gobierno de La Rioja dice que con esta norma "actuaba sobre la actividad ilegal de juego en red que se realizaba en determinados establecimientos, similar a la explotación de máquinas de juego de tipo A". A pesar de querer desvincular ambas normativas, dicho decreto dice: "La incardinación del uso de videojuegos en los ordenadores personales como máquinas tipo A o recreativas supone la aplicación de los procedimientos administrativos del Reglamento de Máquinas de Juego de La Rioja".
"Es rotundamente falso –dice el comunicado– que el Gobierno de La Rioja intervenga de ninguna forma en la continuidad o no de determinados cibercentros". El texto añade que sólo se ha sancionado a los establecimientos cuya "actividad principal" era la explotación del juego en red sin cumplir las normas establecidas para ello, para continuar: "si en algo han influido estas actuaciones en su cierre, parece ser una muestra fehaciente de que su viabilidad empresarial estaba vinculada de manera decisiva a esta actividad ilegal".
Tras negar que el Decreto 37/2002 haya "afectado al crecimiento de cibercentros en la Comunidad Autónoma", el comunicado dice "La virtud de la normativa vigente es que asegura que dichos contenidos –los que son accesibles desde los ordenadores instalados en los cibers– no son negativos para el desarrollo de las personas y que su disfrute se hace en las debidas condiciones de separación de otros usos de los ordenadores y de servicios". La citada norma obliga en su artículo 9.2 a instalar "un dispositivo informático de control y restricción de acceso a la red Internet" que impida el acceso a contenidos para adultos, como los violentos y pornográficos.
"Lo que sí ha regulado -continúa el comunicado- es la actividad de explotación de videojuegos en red en ordenadores personales, a través del Decreto 37/2002, de 12 de julio, en cuya fase de elaboración participó la Asociación Riojana de Cibers". El Gobierno de La Rioja dice que con esta norma "actuaba sobre la actividad ilegal de juego en red que se realizaba en determinados establecimientos, similar a la explotación de máquinas de juego de tipo A". A pesar de querer desvincular ambas normativas, dicho decreto dice: "La incardinación del uso de videojuegos en los ordenadores personales como máquinas tipo A o recreativas supone la aplicación de los procedimientos administrativos del Reglamento de Máquinas de Juego de La Rioja".
"Es rotundamente falso –dice el comunicado– que el Gobierno de La Rioja intervenga de ninguna forma en la continuidad o no de determinados cibercentros". El texto añade que sólo se ha sancionado a los establecimientos cuya "actividad principal" era la explotación del juego en red sin cumplir las normas establecidas para ello, para continuar: "si en algo han influido estas actuaciones en su cierre, parece ser una muestra fehaciente de que su viabilidad empresarial estaba vinculada de manera decisiva a esta actividad ilegal".
Tras negar que el Decreto 37/2002 haya "afectado al crecimiento de cibercentros en la Comunidad Autónoma", el comunicado dice "La virtud de la normativa vigente es que asegura que dichos contenidos –los que son accesibles desde los ordenadores instalados en los cibers– no son negativos para el desarrollo de las personas y que su disfrute se hace en las debidas condiciones de separación de otros usos de los ordenadores y de servicios". La citada norma obliga en su artículo 9.2 a instalar "un dispositivo informático de control y restricción de acceso a la red Internet" que impida el acceso a contenidos para adultos, como los violentos y pornográficos.
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