El Gobierno aprueba la Ley de Firma Electrónica, básica para impulsar el comercio electrónico
Según recientes encuestas, los usuarios de Internet en España son muy desconfiados a la hora de hacer transacciones económicas por la Red y su actitud bloquea la implantación del comercio electrónico. El proyecto de Ley de Firma Electrónica, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros el Gobierno, pretende aportar una solución a este problema.
L D (Agencias) El Consejo de Ministros ha aprobado el texto de la futura Ley de la Firma Electrónica, después de que el Consejo de Estado se lo haya devuelto al Gobierno sin modificaciones. Esta aprobación sólo es un trámite previo antes de que se inicie la tramitación parlamentaria de dicha Ley. De hecho, el pasado mes de abril ya pasó por el Consejo de Ministros, antes de que cumpliera su último trámite en el Consejo de Estado. Fue entonces cuando el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, explicó las líneas básicas de esta Ley en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según dijo, la nueva norma pretende generalizar las transacciones económicas entre los ciudadanos, las empresas y la Administración.
El objetivo último es promover el uso de la firma electrónica –que tendrá exactamente la misma validez que la manuscrita– como instrumento para generar confianza en las comunicaciones telemáticas y para dinamizar la Administración y el comercio electrónicos, con lo que, a su vez, se potenciaría el desarrollo de la Sociedad de la Información. El texto recoge la experiencia y los avances logrados desde que entró en vigor el Real Decreto-Ley de Firma Electrónica de 1999, ya que dicho sistema ya está funcionando en algunos ámbitos económicos, como por ejemplo en la entrega de la declaración de la renta por Internet.
Una de las novedades del texto que destacó el ministro en abril fue el hecho de que también se reconozca la firma electrónica para las empresas, además de para los particulares, lo que ayudará a que las pequeñas y medianas empresas puedan hacer sus gestiones a través de Internet y ahorren tiempo y dinero. La ley introduce la denominación de "firma electrónica reconocida" para identificar con mayor claridad aquella que cumple los requisitos necesarios para ser considerada equivalente a la firma manuscrita; al tiempo que elimina la obligación establecida en un principio de que las empresas que presten servicios de certificación se inscriban en un registro oficial y tengan que estar autorizadas previamente.
No obstante, esto no provocará que cualquiera pueda certificar una firma electrónica, ya que las empresas e instituciones certificadoras estarán controladas y podrán ser sancionadas. Es más, para montar una empresa de certificación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología exigirá el depósito de tres millones de euros como garantía para constituirse. Asimismo, la nueva norma establecerá las bases para el desarrollo del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico, que permitirá a los ciudadanos identificarse y firmar documentos en el ámbito virtual o telemático. En su desarrollo han estado implicados varios ministerios: Administraciones Públicas, Economía, Interior y Justicia, además de Ciencia y Tecnología.
El objetivo último es promover el uso de la firma electrónica –que tendrá exactamente la misma validez que la manuscrita– como instrumento para generar confianza en las comunicaciones telemáticas y para dinamizar la Administración y el comercio electrónicos, con lo que, a su vez, se potenciaría el desarrollo de la Sociedad de la Información. El texto recoge la experiencia y los avances logrados desde que entró en vigor el Real Decreto-Ley de Firma Electrónica de 1999, ya que dicho sistema ya está funcionando en algunos ámbitos económicos, como por ejemplo en la entrega de la declaración de la renta por Internet.
Una de las novedades del texto que destacó el ministro en abril fue el hecho de que también se reconozca la firma electrónica para las empresas, además de para los particulares, lo que ayudará a que las pequeñas y medianas empresas puedan hacer sus gestiones a través de Internet y ahorren tiempo y dinero. La ley introduce la denominación de "firma electrónica reconocida" para identificar con mayor claridad aquella que cumple los requisitos necesarios para ser considerada equivalente a la firma manuscrita; al tiempo que elimina la obligación establecida en un principio de que las empresas que presten servicios de certificación se inscriban en un registro oficial y tengan que estar autorizadas previamente.
No obstante, esto no provocará que cualquiera pueda certificar una firma electrónica, ya que las empresas e instituciones certificadoras estarán controladas y podrán ser sancionadas. Es más, para montar una empresa de certificación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología exigirá el depósito de tres millones de euros como garantía para constituirse. Asimismo, la nueva norma establecerá las bases para el desarrollo del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico, que permitirá a los ciudadanos identificarse y firmar documentos en el ámbito virtual o telemático. En su desarrollo han estado implicados varios ministerios: Administraciones Públicas, Economía, Interior y Justicia, además de Ciencia y Tecnología.
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