Joan Navarro, hasta hoy director de la Coalición de Industrias y Creadores de Contenidos, el lobby que aglutina a las distintas industrias culturales y entidades de gestión de derechos de autor, ha renunciado a su cargo, tal y como había pactado con el comité de dirección, con "la satisfacción" del "trabajo bien hecho". Se le considera el principal muñidor de la disposición adicional primera de la Ley de Economía Sostenible, conocida como ley Sinde, que permite al Gobierno cerrar por vía administrativa sitios web con enlaces a redes P2P, una práctica que los tribunales han considerado legal hasta el momento.
Navarro ha explicado a Efe que su renuncia estaba "pactada desde hace tiempo" con el comité de dirección y que "simplemente" la han hecho coincidir con la entrada en el Parlamento del proyecto de Ley de Economía Sostenible. En declaraciones a cuartopoder, se ha declarado "orgulloso del trabajo realizado". Durante su etapa, el lobby cultural ha pasado de buscar la penalización de los usuarios que se descargan a la ley Sinde, que considera un "modelo español, de izquierdas, que penaliza el abuso" en la distribución, no en la descarga en sí.
"Lo fundamental" en su trabajo del último año, dice, ha sido que empezaron "una carrera en la que la piratería sólo la sufría la industria cultural" y con la entrada del proyecto de ley en el Parlamento, "el Gobierno se ha dado por aludido y está dispuesto a solucionarlo, aunque queda mucho camino y no ha habido un debate serio sobre internet".
Respecto a quienes se han movilizado en contra de la llamada ley antidescargas, Navarro afirma que la Coalición "lamenta que esos apagones que dicen que harán en sus web –manifestando así su oposición a las medidas antipiratería– no sean de forma permanente".