McKinnon, de 43 años, había solicitado a los jueces del Tribunal Supremo británico que revisaran la decisión de la Fiscalía de no ejercer ninguna acción legal en Reino Unido, ya que desea que le juzguen en su país y no en Estados Unidos, donde está acusado de siete cargos de fraude informático, por lo que, de ser hallado culpable, podría ser condenado a un máximo de 70 años de cárcel.
Para el Gobierno norteamericano, McKinnon cometió el mayor delito de piratería informática de todos los tiempos, ya que consiguió acceder a 97 ordenadores desde su propia casa de Londres a lo largo de todo un año, entre 2001 y 2002, lo que costó a la Administración alrededor de un millón de dólares.
McKinnon, que actualmente está en libertad bajo fianza en Reino Unido, se ha defendido asegurando que simplemente estuvo haciendo una búsqueda para encontrar la información que tenía el Gobierno estadounidenses sobre ovnis. Los fiscales británicos y norteamericanos han rechazado esta justificación.
Para los abogados de este británico nacido en Glasgow (Escocia), la extradición a Estados Unidos es "innecesaria, evitable y desproporcionada". Pero los jueces del Supremo consideran que sería una "respuesta proporcionada a la gravedad de su delito".
En el exterior de la sede del Tribunal Supremo en Londres, la madre de McKinnon, Janis Sharp, recordó que su hijo, que en esta ocasión no estuvo presente en la sala, fue "tan ingenuo como para admitir el abuso informático sin contar con un abogado". "Estamos destrozados. Si la ley dice que es justo destruir la vida de alguien de esta manera, entonces es una ley mal hecha", añadió.
Sharp también subrayó su preocupación por la salud de su hijo. "Está muy enfermo, tiene dolores realmente malos en el pecho, está afectado emocional y mentalmente, de todas las maneras, está muy asustado", señaló.
McKinnon ya ha apelado ante la Cámara de los Lores y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La revisión que hará próximamente el Supremo será su última oportunidad, informa la BBC.
En opinión de sus abogados, los jueces no han considerado adecuadamente el síndrome de Asperger que dicen sufre su cliente –trastorno severo del desarrollo que conlleva una alteración neurobiológicamente determinada en el procesamiento de la información–, lo que podría acarrear "consecuencias desastrosas", incluido el suicidio, si finalmente es extraditado.
La Fiscalía tomó la decisión de extraditar a McKinnon el pasado febrero a pesar de decir que hay pruebas suficientes para juzgarle y que el propio acusado ha admitido su culpa. Pero remarcaron que estas evidencias no reflejan el nivel de "criminalidad" que han alegado las autoridades judiciales estadounidenses, por lo que sí podrá enfrentarse a un tribunal de este país.
La fiscal británica Alison Saunders manifestó el pasado febrero que la infiltración de McKinnon no consistió en "experimentos aleatorios, sino que fue un esfuerzo deliberado por traspasar los sistemas de defensa de Estados Unidos en un momento crítico que provocó daños bien documentados".