Tras conocer el polémico anteproyecto de Economía Sostenible de Zapatero y su liquidación de derechos fundamentales, diversas asociaciones como el Foro Liberal, la Asociación para la Defensa de las Libertades y Derechos Civiles, el Club Liberal Español, La Rosa Blanca, Hazte Oír, Cuba en Transición, Profesionales por la Ética, Coruña Liberal, Foro Aragón Liberal y Convivencia Cívica Catalana han elaborado un manifiesto en defensa de la libertad y los derechos civiles que invitan a suscribir a cuantos ciudadanos y asociaciones o movimientos cívicos quieran.
El manifiesto en defensa de la libertad critica la "instauración de censura" bajo el "pretexto del respeto a los derechos de autor, mero argumento del gobierno para liquidar la libertad de expresión". Señalan además que los derechos de autor y propiedad intelectual no pueden vulnerar "en ningún caso" derechos fundamentales de los ciudadanos.
Así, critican que ese "despojo legal", como califican la Ley "antidescargas", deje en manos de una comisión administrativa estos derechos fundamentales paradecidir "qué blogs/webs tienen derecho a existir y cuáles no". Señalan que un aumento de la libertad en el intercambio de información nunca podrá ser alcanzado por vías políticas, sino por el desarrollo de "nuevas técnicas de comunicación" que por primera vez en la historia se están produciendo, y que el Gobierno, desde su posición de monopolistas y “guardianes” de la información, desea controlar mediante "lobbies políticos y gubernamentales".
Aseguran tajantes que los enlaces en ningún caso constituyen un delito, como han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones los tribunales españoles con el derecho a copia privada que desde el Gobierno se quiere criminalizar. Como se afirmaba en el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, suscrito por cientos de miles de ciudadanos, “intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista”.
Advierten a Zapatero que dicho modelo conllevará cada vez un mayor desapego de los ciudadanos hacia ellos y lo que a día de hoy representan, además de a la ruina a unos creadores engañados por sus cada vez más acaudaladas entidades de gestión.
Por ello, exigen la inmediata retirada de la disposición final primera de la Ley Sinde y la "dimisión de las ministras responsables de la comisión de este atentado contra la libertad de los ciudadanos, Elena Salgado y Ángeles González-Sinde".
También piden la "inmediata retirada del canon digital", por criminalizar a los ciudadanos y que "se modifique la legislación para que las entidades de gestión de derechos de autor dejen de poder ejercer presiones intolerables sobre los ciudadanos y que se auditen de forma inmediata las cuentas de todas estas entidades.