(Libertad Digital) La empresa norteamericana Accenture, adjudicataria del Centro de Gestión de Servicios Informáticos (CGSI) del Principado de Asturias, tiene el control absoluto de archivos que contienen Información y datos de los ciudadanos, documentos personales del presidente del Principado de Asturias, de todos los consejeros del Gobierno, alcaldes y funcionarios de la Administración autonómica, e incluso bases de datos con información médica.
Según José Luis González, secretario general del sindicato USIPA (Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias), el Gobierno de Álvarez Areces ha ido relegando a los servicios informáticos del Principado, “que han sufrido una continuada pérdida de funciones, entregando en manos de empresas privadas tanto información como conocimientos y privilegios de acceso”, informa La Razón.
El responsable de USIPA añade que “el Principado está dejando en manos de una empresa información confidencial; esa empresa podría dejar de prestar el servicio pasado un tiempo”. González denuncia además que “no se permite a los trabajadores de la Administración que supervisen todo eso para poder volver a tomar las riendas de nuevo llegado el caso”. Personas próximas a los servicios informáticos del Principado ya han alertado de los riegos que se corren, “ya que se está dejando la seguridad en manos de desconocidos”, sobre todo si se tiene en cuenta que este tipo de empresas, dedicadas a ofrecer servicios de gestión externa de seguridad, suelen contratar a ex “hackers”, lo que implica un riesgo de “trasvase de información sensible”.
El PP se suma a la denuncia
Por otra parte, según explicó a La Razón el diputado regional del PP Ramón Cañal, hasta ahora, las claves de acceso siempre las tenían los informáticos de la Administración, que controlaban el trabajo de la empresa externa. Sin embargo, Accenture exigió que esto no fuera así. Cañal señala que “se ha relegado a los técnicos informáticos del Principado, y se ha perdido el control de la información. Lo lógico es que estos trabajadores estuvieran implicados si no, quedamos prisioneros de la empresa externa”.
Además, el PP de Asturias también denuncia que los contratos se están haciendo por unas cifras astronómicas, ya que “el primer contrato que se hizo con esta empresa fue en 2000” y se hizo por “más de siete millones de euros”. Cañal recuerda que “no sólo no empezó a funcionar hasta finales del año pasado sino que además, se acabaron pagando tres millones de euros más”.