"El Ejecutivo ha regulado la explotación de videojuegos en red sin afectar al crecimiento de cibercentros"
El Gobierno de La Rioja contempla como uno de sus objetivos básicos de gestión el impulso de las nuevas tecnologías y de Internet como una herramienta clave para el desarrollo de la sociedad riojana. En consecuencia, la acción del Ejecutivo en este terreno se ha centrado en favorecer la extensión de las tecnologías de la información en todo el territorio de la Comunidad ligándolo a contenidos formativos, culturales, medioambientales y de otros valores que contribuyen al avance de la sociedad.
En este sentido, el Gobierno de La Rioja rechaza, por infundadas, las acusaciones vertidas desde la Asociación Nacional de Cibers en las cuáles se afirmaba erróneamente que desde la Administración se habían “destruido cibercafés privados al incluirlos en la Ley del Juego”.
En ningún momento la normativa autonómica en este ámbito ha regulado a los cibercentros como tales establecimientos. Lo que sí ha regulado es la actividad de explotación de videojuegos en red en ordenadores personales, a través del Decreto 37/2002, de 12 de julio, en cuya fase de elaboración participó la Asociación Riojana de Cibers.
Con la norma mencionada, el Gobierno actuaba sobre la actividad ilegal de juego en red que se realizaba en determinados establecimientos, similar a la explotación de máquinas de juego de tipo ‘A’, sin ninguna garantía de protección de contenidos violentos, racistas, sexistas o pornográficos de cara a la infancia y a la juventud.
La actividad de control posterior establecida desde el Servicio de Control del Juego de la Policía Nacional se ha basado siempre en el cumplimiento de la normativa en vigor, en el sentido de que los establecimientos que explotan videojuegos en ordenadores personales cumplan unas normas de autorizaciones y homologación de productos que no afecten negativamente a ningún sector de la población.
Por tanto, es rotundamente falso que el Gobierno de La Rioja intervenga de ninguna forma en la continuidad o no de determinados cibercentros. Aquellos establecimientos que basaban su actividad en contenidos “completos, sanos y baratos” -según la propia definición que hace la Asociación- la han mantenido sin ninguna incidencia.
Sólo han sido objeto de sanciones aquellos establecimientos cuya actividad principal era la explotación del juego en red sin cumplir las normas establecidas para ello; y, en cualquier caso, si en algo han influido estas actuaciones en su cierre, parece ser una muestra fehaciente de que su viabilidad empresarial estaba vinculada de manera decisiva a esta actividad ilegal.
De hecho, la publicación del Decreto no ha afectado al crecimiento de cibercentros en la Comunidad Autónoma. Desde su entrada en vigor han sido nueve los establecimientos que han solicitado la homologación de más de cuarenta videojuegos. La virtud de la normativa vigente es que asegura que dichos contenidos no son negativos para el desarrollo de las personas y que su disfrute se hace en las debidas condiciones de separación de otros usos de los ordenadores y de servicios.
Las afirmaciones realizadas desde la Asociación Nacional de Cibers muestran una evidente falta de información sobre la normativa en vigor en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que sólo puede deberse a dos motivos: desconocimiento de la misma, o bien un afán manipulador con intereses demagógicos que, lejos de defender la difusión de los contenidos tecnológicos, persigue únicamente defender el beneficio privado que se genera a partir de la explotación económica de la actividad del juego ilegal.
El mismo afán manipulador se percibe al ligar la acción del control del juego ilegal -que corresponde al Servicio de Juego- con la puesta en marcha de cibertecas, actividad que nada tiene que ver con la anterior y que desarrolla la Fundación para el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento (FUNDARCO).
En este sentido, la puesta a disposición de la sociedad riojana de estos centros de acceso gratuito a la difusión de la tecnología a través de contenidos formativos y culturales responde a ese objetivo básico del Gobierno regional al que se aludía anteriormente de extender dichos conocimientos entre los ciudadanos de la Comunidad.