Tras comparecer este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso, Francisco Caamaño explicó a los medios de comunicación que, aunque un órgano administrativo, en este caso la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, decida el cierre, esa decisión contará con controles posteriores inmediatos.
El ministro justificó el cierre de páginas donde se hacen descargas, "pensadas sólo para hacer descargas ilegales", y consideró que la respuesta administrativa debe ser proporcionada a la gravedad de la situación.
En este sentido, Caamaño cree que es compatible que la citada Comisión "inste al cierre de las páginas o portales que se apropien de los contenidos de otros en internet, cometiendo así un acto ilícito", y que posteriormente "se ponga esa decisión en conocimiento de la autoridad judicial para que adopte las medidas necesarias en defensa de los derechos legítimos de los ciudadanos".
Caamaño recordó que es el mismo procedimiento que se aplica por ejemplo cuando un agente de la autoridad detiene a una persona que está cometiendo un delito flagrante para evitar la comisión de dicho acto delictivo, tras lo que inmediatamente se pone en conocimiento del juez dicha detención.
"Creo que es posible articular lo uno y lo otro", dijo el titular de Justicia, tras insistir en que es posible combatir prácticas ilegales que hacen muchísimo daño a la propiedad intelectual y a "nuestros creadores" y, al tiempo, respetar la libertad de los usuarios en el uso y acceso a Internet.