Bruselas analizará además los "problemas de competencia" verticales que supondría la preeminencia simultánea de Microsoft en este sector y en el resto de mercados informáticos. La decisión de incoar una investigación en profundidad llega después de que el regulador europeo haya considerado insuficientes los compromisos presentados por las compañías para solventar sus inquietudes iniciales.
En este sentido, la portavoz de Competencia de la CE, Amelia Torres, subrayó que la apertura del examen detallado "no prejuzga el dictamen final" sobre la operación. ContentGuard, controlada anteriormente por el fabricante de fotocopiadoras y material de oficina Xerox, se dedica a desarrollar y conceder sistemas de licencia para los derechos de propiedad intelectual de productos digitales.
Esta tecnología pretende impedir el uso ilícito de estos productos, particularmente la piratería de los contenidos digitales de audio, aunque, según la CE, su uso potencial cubre también la protección de la confidencialidad de documentos empresariales o de otra naturaleza.
La operación, notificada en Bruselas el 12 de julio, supondría la adquisición conjunta de ContentGuard, por Microsoft, que ya cuenta con una participación estratégica en la compañía, y por el grupo de medios de comunicación e Internet, Time Warner, que compraría las acciones de Xerox.
Además, la adquisición conjunta podría retrasar el desarrollo de normas abiertas de interoperabilidad entre los programas de protección digital de Microsoft y los de sus rivales, lo que posibilitaría que la pugna por este mercado se inclinara hacia la compañía de Redmond. El regulador europeo insistió en que los efectos sobre la competencia podrían no limitarse a los contenidos digitales, ya que el potencial de esta tecnología alcanza también mercados relacionados como el de la telefonía móvil o los procesadores de textos. La apertura del expediente coincide en el tiempo con el litigio judicial que enfrenta a la Comisión con la compañía de Bill Gates.
El Tribunal de Primera Instancia de la UE examina, tras un recurso presentado por Microsoft, si el regulador europeo actuó de acuerdo a la ley al imponer al gigante estadounidense de la informática una multa de 497 millones de euros por abuso de posición dominante y obligarle a reformar y abrir a la competencia el sistema operativo Windows.