(Libertad digital) El Ejecutivo comunitario aprobó en noviembre de 2002 que Francia concediera un crédito de 450 millones de euros de salvamento para Bull, con la condición "estricta" de que debía recuperar ese dinero antes del 17 de junio de 2003, lo que no ha hecho, según ha informado la agencia Efe. La decisión de París de no pedir a la compañía el reembolso de las ayudas constituye "una violación grave" de las normas sobre ayudas de Estado y supone "un golpe serio a la credibilidad de las normas". Según ha dicho el comisario europeo de Competencia, Mario Monti.
Esta es la primera vez que Bruselas inicia un procedimiento de estas características por no respetar una decisión positiva de la Comisión autorizada con condiciones, pero, según Monti, "las circunstancias del caso no nos daban otra opción". Un procedimiento de estas características ante el Tribunal de Justicia podrá durar unos 12 meses, y si en ese tiempo Francia ejecuta la decisión, "lo único que podré hacer es estar satisfecho", ha señalado el comisario.
Bull recibió una ayuda para la reestructuración en el periodo 1993-94 por lo que no puede optar a una nueva de este tipo hasta pasado diez años, según las normas comunitarias, según ha recordado Monti. El responsable de Competencia ha declarado que la Comisión Europea "es comprensiva respecto a los problemas que pueda tener una empresa u otra independientemente de si es francesa, alemana o belga". Además, ha dicho que "estoy muy bien situado creo, para poder decir que nuestra normas sobre ayudas de Estado son lo suficientemente generosas. Pero las normas deben respetarse porque si no la consigna que prevalecerá será el sálvese quien pueda y al final todo el mundo perderá: el contribuyente el empleo y la credibilidad de Europa".
Las normas "no han sido hechas para estar ayudando constantemente a la gente, sino que exigen también que las distorsiones de competencia causadas por ayudas estatales se remedien". El asunto Bull ha contribuido "a nuestra reflexión" sobre las orientaciones en materia de ayudas al salvamento y reestructuración, ha dicho Monti, quien ha considerado que el
estatus quo
de diez años antes de poder optar a otra nueva debería aplicarse a todas las formas de ayuda, independientemente de si se trata de una ayuda monetaria o a la reestructuración.