L D (EP) "Los Estados miembros quieren evitar que estos operadores sufran costes que no sean proporcionales con el objetivo de proseguir por el Consejo", señala la declaración de la Presidencia. Esta decisión marco tiene por fin facilitar la cooperación judicial en materia penal a través de la armonización de la legislación de los Estados miembros sobre retención de datos por parte de los proveedores de comunicaciones electrónicas, es decir, tanto telefonía fija y móvil como Internet.
Sin embargo, los países con una potente industria de telecomunicaciones, como Alemania y Finlandia, se oponen a prolongar el almacenamiento de datos (nombre del emisor y receptor de la llamada, duración, hora de la conexión, etc.) más allá de un año, debido a su elevado coste. Calculan que esta normativa podría costar hasta 250 millones de euros al año a las compañías.
Para reducir costes, Alemania ha propuesto eliminar de la lista de datos a retener las llamadas que no lleguen a término, pero España alega que, precisamente, las investigaciones de los atentados del 11-M lograron importantes resultados gracias a esas informaciones. Por otra parte, también se plantea un problema de base jurídica, puesto que esta propuesta fue presentada por Francia, Reino Unido, Suecia e Irlanda, pero la Comisión Europea prepara ahora mismo un nuevo texto sosteníendose en otro artículo del Tratado.