La agencia EFE ha informado que, según ha notificado el Ministerio de Cultura, tras el análisis de los hechos y de los preceptos aplicables, la Oficina de Conflicto de Intereses ha acordado "declarar improcedente el inicio de actuaciones previas al procedimiento sancionador y proceder al archivo de la denuncia", según señala el texto de la resolución.
A principios de junio el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, presentó una denuncia en la Oficina de Conflictos de Intereses ante el "grave conflicto" que afectaba a la ministra por la concesión de ayudas a empresas y sociedades de la industria del cine en las que González-Sinde o sus familiares "tienen intereses". La denuncia hacía referencia a la aprobación por parte del Ministerio de Cultura de una generosa ampliación de las ayudas al cine, que alcanzaba los 8.600.000 euros, y fue ampliada más tarde por la aprobación de nuevas ayudas por valor de 2.140.000 euros.
En declaraciones a Libertad Digital, Víctor Domingo ha asegurado no tener constancia del archivo, que ya valorará cuando disponga de la resolución. En cualquier caso, considera que de esta forma el Gobierno "cerraría la puerta a una resolución rápida" del problema que supone González-Sinde porque su asociación seguirá denunciando donde sea necesario lo que estima como un claro conflicto de intereses.
En un comunicado, la Asociación de Internautas ha mostrado su disposición a acudir a los tribunales y recuerda que nunca tuvieron mucha confianza en la Oficina, por no ser un órgano independiente. No obstante, quisieron "dar una oportunidad a la Ética, y al otrora tan invocado y jaleado Código de las buenas practicas", oportunidad que el Gobierno ha desaprovechado. En cualquier caso, la organización es consciente de que "un recurso contencioso-administrativo tarda de media dos o tres años" y la condena, en su caso, sería moral porque previsiblemente Sinde ya no sería ministra.
Según la ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración del Estado, la actuación de González-Sinde podría interpretarse como una infracción muy grave, que llevaría aparejada la destitución de la ministra. Sin embargo, en la primera ocasión en que ha sido puesta a prueba, la Oficina de Conflicto de Intereses ha decidido optar por no investigar.
Según el artículo 7 de dicha ley, "quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público". La denuncia presentada por la AI recordaba que González-Sinde es presidenta del ICAA, organismo que ha concedido esta ampliación de ayudas, y tiene empresas en el mundo del cine, así como familiares que viven de él.