Aprobado en el Congreso el texto básico para la Ley de Firma Electrónica
La ponencia de la Ley de Firma Electrónica fue aprobada este martes en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, cuya votación registro un incidente al votarse tres veces algunas enmiendas del PNV por la ausencia de varios diputados del Partido Popular. Al final de la reunión, la votación se repitió y las enmiendas fueron rechazadas.
L D (EFE) La Comisión de Ciencia y Tecnología debatió este martes, con competencia legislativa plena, las 234 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto de ley de firma electrónica, que tiene como objeto dar más seguridad a las transacciones que se realicen por Internet. El grupo popular propuso 18 enmiendas transaccionales, una a las propuestas del PNV y las otras al grupo socialista y a CiU, y finalmente fueron aprobadas 17 enmiendas transaccionales y dos enmiendas presentadas por el grupo Popular.
En el debate, la oposición protestó por la premura de la ley y la necesidad de un estudio más pausado, mientras que el PP rechazó estas críticas por considerar que el borrador de la ley se había consultado con 50 instituciones en los últimos meses. Los portavoces de CiU, Jordi Jané, y del grupo socialista, Lourdes Muñoz, destacaron la necesidad de que la ley distinga entre el suscriptor o solicitante del certificado electrónico y el firmante o usuario, para que una entidad pueda tramitar la firma electrónica de un grupo de usuarios.
Estas peticiones fueron rechazadas por el PP, que considera que el suscriptor y el firmante tienen que ser una misma persona para evitar inseguridad jurídica. CiU y grupo socialista también pedían en sus enmiendas que se redujera, de tres millones de euros a dos, la garantía obligatoria de las agencias que emitirán los certificados electrónicos, tal como sucede en otros países, lo que no fue admitido por el PP.
El grupo Popular sí admitió que las agencias tendrían que hacer un seguro de responsabilidad civil que proteja a los consumidores, tal como solicitaba el grupo socialista. Sin embargo, el PSOE anunció que, aunque admitía la enmienda transaccional del PP, volverá a presentar una enmienda en el Senado para reducir a dos millones de euros la garantía de las entidades de certificación y que estos depósitos sólo sean obligatorios para las agencias que emitan certificados públicos pero no para las que lo hagan en grupos cerrados.
CiU pedía por su parte que los certificados emitidos por las Comunidades Autónomas, como puede ser la tarjeta sanitaria, tuvieran la misma validez que el DNI y, en general, todos los grupos de la oposición pedían que el DNI tuviera sólo carácter identificativo, como hasta ahora, y que no se le diera el rango de certificación, como dice el proyecto de Ley, lo que fue rechazado con los votos del grupo Popular, que considera que el DNI electrónico (cuya norma será desarrollada por el ministerio del Interior) será el instrumento que facilitará a los ciudadanos el acceso seguro a los medios electrónicos.
CiU, a través de su portavoz, Jordi Jané, señaló la necesidad de que la ley recogiera el derecho a las personas discapacitadas y de la tercera edad al acceso a la firma electrónica, lo que fue aprobado a través de una enmienda transaccional del PP.
En el debate, la oposición protestó por la premura de la ley y la necesidad de un estudio más pausado, mientras que el PP rechazó estas críticas por considerar que el borrador de la ley se había consultado con 50 instituciones en los últimos meses. Los portavoces de CiU, Jordi Jané, y del grupo socialista, Lourdes Muñoz, destacaron la necesidad de que la ley distinga entre el suscriptor o solicitante del certificado electrónico y el firmante o usuario, para que una entidad pueda tramitar la firma electrónica de un grupo de usuarios.
Estas peticiones fueron rechazadas por el PP, que considera que el suscriptor y el firmante tienen que ser una misma persona para evitar inseguridad jurídica. CiU y grupo socialista también pedían en sus enmiendas que se redujera, de tres millones de euros a dos, la garantía obligatoria de las agencias que emitirán los certificados electrónicos, tal como sucede en otros países, lo que no fue admitido por el PP.
El grupo Popular sí admitió que las agencias tendrían que hacer un seguro de responsabilidad civil que proteja a los consumidores, tal como solicitaba el grupo socialista. Sin embargo, el PSOE anunció que, aunque admitía la enmienda transaccional del PP, volverá a presentar una enmienda en el Senado para reducir a dos millones de euros la garantía de las entidades de certificación y que estos depósitos sólo sean obligatorios para las agencias que emitan certificados públicos pero no para las que lo hagan en grupos cerrados.
CiU pedía por su parte que los certificados emitidos por las Comunidades Autónomas, como puede ser la tarjeta sanitaria, tuvieran la misma validez que el DNI y, en general, todos los grupos de la oposición pedían que el DNI tuviera sólo carácter identificativo, como hasta ahora, y que no se le diera el rango de certificación, como dice el proyecto de Ley, lo que fue rechazado con los votos del grupo Popular, que considera que el DNI electrónico (cuya norma será desarrollada por el ministerio del Interior) será el instrumento que facilitará a los ciudadanos el acceso seguro a los medios electrónicos.
CiU, a través de su portavoz, Jordi Jané, señaló la necesidad de que la ley recogiera el derecho a las personas discapacitadas y de la tercera edad al acceso a la firma electrónica, lo que fue aprobado a través de una enmienda transaccional del PP.
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