El acusado tuvo conocimiento de que en una base de datos sobre pensiones del Departamento de Bienestar Social y Trabajo había errores de seguridad, por lo que en octubre de 2002 decidió obtener algunas capturas de la misma, "sin que quede acreditado que su intención fuera la de perjudicar a un tercero". Tras grabar las capturas en el disco duro del ordenador, alguno de los miembros del grupo de "hackers" colgó la información obtenida de la Generalitat en una página con contenido pornográfico infantil que previamente había borrado.
El día 8 de octubre de 2002, desde una dirección de correo electrónico que estaba a nombre del otro acusado, Carlos M., se hicieron públicas las irregularidades de la página de la Generalitat, aunque la juez no considera probado que el propietario del servidor fuera el autor del mensaje.