(30-7-03) La Policía niega la existencia de una demanda contra usuarios de redes de pares
La denuncia contra miles de usuarios españoles de servicios de intercambio de archivos (P2P) no existe más que en anuncio realizado por Landwell-PricewaterhouseCoopers (PwC). Frente a lo asegurado por Javier Ribas, socio de este despacho de abogados, la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) ha negado haber recibido denuncia alguna de este tipo.
(Libertad Digital) Fuentes de la BIT han dicho: "No nos consta que se haya presentado denuncia alguna contra internautas en ninguna de las unidades de la Policía Nacional", según ha informado la agencia Europa Press. De esta manera, la Brigada de Investigación Tecnológica deja mal parados a Ribas a título personal y a Landwell-PwC como despacho. La firma de abogados anunciaba el pasado 17 de julio en una nota de prensa (formato .pdf) que iba a presentar dicha denuncia. Días después, Ribas aseguraba que ya se había presentado pero que no se elevaría a los jueces hasta septiembre.
Este abogado aseguraba que ya se habían sumado a la iniciativa 38 de las mayores empresas de software en España. Poco después se sabía, en una información que ofreció en primicia Libertad Digital, que la Business Software Alliance (BSA) no estaba relacionada con la supuesta denuncia. De esta manera, quedaban fuera las filiales españolas de las mayores compañías mundiales del sector, con lo que se empezó a poner en duda la rigurosidad y los objetivos del anuncio. Ya eran muchas las voces en Internet que aseguraban que el objetivo de la medida era causar miedo a los usuarios de redes P2P. Algunos iban más allá. El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, dijo que si "ha sido una cuestión de mercadotecnia, no es demasiado deontológico" por parte de Landwell-PwC.
Las aclaraciones de la BSA y el desmentido de la Policía Nacional vienen a tranquilizar a los 95.000 usuarios españoles de redes P2P a los que el despacho de abogados aseguraba haber localizado. Lo que tenía visos de convertirse en la mayor polémica relacionada con Internet desde la aprobación de la LSSI puede terminar como un simple anuncio destinado a asustar o a conseguir publicidad de una manera barata (si bien con grandes daños de imagen).
