La empresaria Karelim López, quien es investigada por su presunta participación en delitos de corrupción por la Fiscalía, comprometió al presidente comunista de Perú, Pedro Castillo, en las actividades de una supuesta organización criminal enquistada en el Ejecutivo peruano, afirmaron este sábado medios locales.
Diarios como La República y El Comercio señalaron que han revisado documentos que prueban que López solicitó acogerse a la "colaboración eficaz" (delación premiada) para brindar información a la Fiscalía a cambio de obtener beneficios judiciales.
Esta información aún no ha sido confirmada por fuentes oficiales o judiciales peruanas, ni por el abogado de López, César Nakasaki.
La República indicó que la empresaria "reconoció su participación en diversos delitos" ante la fiscal de lavado de activos Luz Taquire y habló "de una organización que opera desde la Presidencia".
López, quien es señalada como una gestora de intereses con vínculos con las altas esferas de poder en los últimos años en Perú, supuestamente relató eventos que ocurrieron en el Palacio de Gobierno y en una casa del distrito limeño de Breña en la que Castillo residió y realizó reuniones durante los primeros meses de su mandato, que comenzó el 28 de julio pasado.
El Comercio añadió que la empresaria dio su declaración como aspirante a "colaboradora eficaz" el pasado 18 de febrero, ante la fiscal Taquire y el fiscal adjunto Juan Carlos Davis del Piélago.
Añadió que vinculó a personajes cercanos o que han sido relacionados con el mandatario, entre ellos los ministros de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y de Vivienda, Geiner Alvarado, y el exsecretario de la presidencia Bruno Pacheco, además de empresarios y sobrinos del gobernante.
"Pero lo más relevante de la declaración es que afirma que el presidente Pedro Castillo es parte de una mafia que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones direccionando licitaciones del sector", remarcó.
El objetivo de la presunta organización, agregó La República, es obtener dinero de licitaciones de obras públicas, nombramientos en las direcciones de Salud del país, ascensos en las Fuerzas Armadas y reclamos tributarios.
La colaboradora dijo que Castillo buscaba usar ese dinero para pagar las deudas contraídas durante la campaña electoral del año pasado, en la que derrotó a la derechista Keiko Fujimori.
Al respecto, el periodista Américo Zambrano, del semanario Hildebrandt, agregó en Twitter que López inició el proceso de colaboración "con una declaración pormenorizada" y que "empezó a recibir amenazas de muerte", según sus fuentes. Sostuvo que el equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú "le había congelado las cuentas bancarias" y eso la "forzó a hablar".