La dictadura cubana condena con hasta 20 años de cárcel a 20 manifestantes del 11J

"Cuba ya tiene su San Valentín negro", ha concluido el activista Magdiel Castro en Twitter. Este lunes, 14 de febrero, la Justicia cubana ha condenado por sedición a 20 manifestantes -entre ellos 5 menores de edad- que participaron en las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021 en la isla caribeña. Las penas recogidas en el fallo del Tribunal Provincial de Holguín van desde 7 años de limitación de libertad hasta 20 años de cárcel.

A pesar de la dureza de las condenas, desde Justicia 11J consideran que han sido más suaves de lo esperado por la presión internacional, en particular para los menores de edad. La más grave, de 20 años de prisión, ha sido para Miguel Cabrera Rojas (50) y Yosvany Rosell (33). Otros tres de los condenados tendrán que cumplir 18 años de cárcel; dos, 17; uno, 15; dos, 14; dos, 12; otros dos, 7; y un joven de 18 años ha sido sentenciado a 5 años de "trabajo correccional sin internamiento".

Por lo que se refiere a los cinco menores -cuatro de 17 años y uno de 16- la condena es de "cinco años de limitación de libertad". La petición de la fiscalía era mucho mayor, solicitaba entre 15 y 18 años de cárcel. A partir de ahora, deberán presentarse ante el juez de forma periódica, no podrán salir de su provincia y tampoco beneficiarse de ninguno de los favores del régimen comunista.

Activistas y familiares de los procesados por el 11J denuncian que han sido llevados directamente a prisión tras la lectura del fallo del tribunal, pese a que éste recogía que podían quedar en libertad bajo fianza hasta el momento de la apelación. Escandaloso es el caso de la artista Jessica Lisbeth Torres (27 años), que se encontraba en libertad bajo fianza y fue detenida al acudir a recoger su sentencia -de 15 años de prisión- aunque el propio fallo precisaba que tiene derecho a permanecer en la calle hasta que se tramitara su recurso. Pero no ha sido la única. Esta situación se ha dado con otros de los condenados.

Por otra parte, llama la atención que en la sentencia no aparece Yasmani Crespo, que sí estaba incluido en el expediente y -según cuentan activistas por los derechos de los procesados del 11J- no se presentó al juicio. Se cree que podría haber abandonado el país.

Eso sí, como era de esperar la justicia cubana no ha difundido públicamente estas sentencias y los medios oficiales no han informado sobre ello. Activistas y ONGs siguen denunciado falta de garantías, fabricación de pruebas y penas excesivas en los procesos relacionados con estallido social del 11J, la mayor manifestación antigubernamental de la historia reciente de Cuba. "Todo es una vil mentira", aseguró en LD el padre de Walnier Aguilar, discapacitado y padre de dos niñas pequeñas, que pasará 23 años en la cárcel.

La Fiscalía General de Cuba argumentó que se optó por acusar de sedición en algunos casos por "el nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas" y "de manera tumultuaria", que habría tenido el "deliberado propósito de subvertir el orden constitucional". Según aseguró, el resultado fue una "perturbación grave del orden público". La realidad es que ha servido al régimen comunista para imponer condenas similares e incluso mayores que las que corresponderían por un delito de homicidio.

Cuba informó del procesamiento de 780 personas por hechos relevantes relacionados con las protestas del 11 de julio, 55 de ellos menores de edad de entre 16 y 18 años.