La dictadura cubana pide 18 años de cárcel para un menor huérfano que se manifestó el 11J

Samuel Torres Durán es uno de los muchos jóvenes que la dictadura comunista cubana arrestó por participar en las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021 en la isla. Una auténtica oleada de detenciones para intentar reprimir el estallido social que supusieron las manifestaciones del 11J.

Su caso es especialmente dramático teniendo en cuenta su condición de huérfano (de padre y madre) y la situación de extrema pobreza en la que vive junto a su hermana de 14 años de edad en la ciudad de Holguín. De ahí que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) lo incluyera en la denuncia que realizó ante Naciones Unidas, el pasado 10 de enero.

Acusado de sedición

"La situación de Samuel, adolescente, huérfano y pobre, es un ejemplo del drama humano que están viviendo quienes ejercieron su derecho a manifestarse el 11 de julio en Cuba. Muchos de ellos son personas muy jóvenes, procedentes de familias que viven en la absoluta pobreza. Las autoridades no se preocupan por escuchar sus quejas, sino por acallarlos y reprimirlos", asevera Yaxys Cires, director de estrategia del OCDH. "No debería pasar ni un día en la cárcel, lo único que hizo fue ejercer sus derechos humanos".

El joven se enfrenta a una petición fiscal de 18 años de cárcel por un supuesto delito de sedición, la figura legal que el régimen comunista ha aplicado a la mayoría de los encausados por manifestarse el 11J. En particular, a los menores de edad. Según las leyes cubanas, puede conllevar penas similares a las de un homicidio o un asesinato.

La fiscalía basa su acusación en que en que Samuel gritó "consignas contrarrevolucionarias" que "laceran profundamente los sentimientos patrióticos en los que se ha formado el pueblo revolucionario", según reza en el expediente.

En la actualidad, el chico se encuentra a la espera de sentencia "en su casa, bajo medida cautelar de Obligación Contraída en Acta en el Expediente de Fase Preparatoria No. 11 de 2021, de la Unidad de Delitos contra la Seguridad del Estado", explican desde el OCDH. El 11 de febrero le comunicarán su condena.

El periódico digital cubano 14yMedio informó de que la Fiscalía de Holguín había retirado el cargo de sedición contra cuatro menores, pero el nombre de Samuel no estaba incluido. En cualquier caso, los beneficiarios de esta rebaja de la petición fiscal se enfrentarían igualmente a penas de entre 5 y 7 años de cárcel.

Menores procesados

La propia Fiscalía ha reconocido recientemente que 55 de los 780 cubanos procesados por manifestarse el 11J tienen entre 16 y 18 años de edad. Según especifica el comunicado, 28 de ellos se encuentran en prisión provisional. En la misma situación se encontrarían 41 de los 60 detenidos entre 19 y 20 años.

"El caso de los menores es de extrema gravedad porque ha habido un ensañamiento tremendo con ellos", destaca Cires. "Incluso aquellos que no pueden ser acusados penalmente, por tener 14 o 15 años, sufrieron detenciones y amenazas en el mes de julio". Las condiciones en las que los menores se encuentran en la cárcel son deplorables.

Algunas opositoras presas incluso han denunciado -a través de cartas que han hecho llegar a sus familiares- que tanto ellas como los algunos muchachos reciben maltrato físico y psicológico. Según relató Mailene Noguera Santiesteban, "con pinzas arrancaban uñas y hasta los pixis (piercing) de lengua".

También podemos mencionar la situación de Jonathan Torres, un joven de 17 años arrestado el 13 de agosto. Está enfermo pero desde entonces no ha podido tomar su tratamiento. "El niño tiene una hipertrofia ventricular y su madre, Bárbara Farrat, ha tenido que formar muchos escándalos, para que le llevaran al médico", denunció el director del OCDH en este periódico. Finalmente lo consiguió, pero -según lamentó Alejandro González- "lo llevaron esposado de pies y manos, como si fuera un criminal".

Entre los que ya han sido condenados, hay casos realmente dramáticos. Ejemplo de ello es el de Walnier Aguilar, que -aunque no es menor- merece especial atención por tratarse de un joven discapacitado de 21 años y padre de dos niñas (de 1 y 2 años) que ha sido condenado a 23 años de cárcel por sedición. Su delito: expresarse a favor de la libertad el mencionado 11 de julio. Su padre, Luis Wilber Aguilar, denunció en LD que el juicio fue una farsa.