La organización Prisoners Defenders ha presentado este miércoles ante Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional la tercera ampliación de la denuncia contra el Gobierno cubano por "esclavitud y trabajo forzado" en el marco de las llamadas ‘Misiones de internacionalización’.
Está basada en el testimonio de 1.111 profesionales civiles cubanos (médicos, profesores, ingenieros, marineros, etc.) y es el resultado de tres años de investigación. En este tiempo, la organización no sólo ha incrementado el número de testimonios aportados, si no que también ha logrado recopilar documentos con validez legal jurídica internacional que demostrarían que los cubanos enviados a trabajar fuera por cuenta de Cuba son "víctimas de esclavitud".
Nuevos documentos
Según ha explicado Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, durante la presentación a los medios de comunicación, entre los nuevos documentos aportados en la ampliación de la denuncia se incluyen certificados consulares que "han sido obtenidos en un proceso judicial en Europa" y que han sido aportados por Cuba. Por tanto, "tienen validez legal internacional diplomática inmediata". "Esto es una declaración del Gobierno de Cuba", insiste.
"Es la primera vez en la historia que Cuba admite, ante un juzgado europeo y mediante dichos certificados consulares" extremos como la Ley de los 8 años, que aplican a los trabajadores que no regresan a Cuba al terminar la misión y que les prohíbe volver a su país en ese tiempo, convirtiéndoles en desertores y quitándoles todas sus propiedades.
En este caso, se trataría de marineros, contratados a través de la empresa cubana Selecmar, que habrían sido colocados en grandes navieras y sometidos a condiciones de auténtica esclavitud. Los contratos recogen jornadas laborales de 12 horas y condiciones especiales para los trabajadores cubanos -y también para los filipinos- que sólo recibirían el 20% de su salario. El 80% restante se pagaría directamente al régimen comunista cubano.
Los cálculos aportados por Prisioners Defenders cifran en unos 80 euros el salario de uno de estos marineros. Una cantidad que sólo podían incrementar haciendo horas extras de las que no se llevaría el Gobierno cubano, al no tener constancia. Sin embargo, esta circunstancia sería aprovechada por las navieras para ahorrar costes pagándoles esas horas extra a 2,9 euros.
Es trata de blancas
Las condiciones laborales de los cubanos que salen de ‘misión’ son tremebundas. Y, a ellas, hay que sumar las situaciones de acoso a las que se enfrentan (un 40% de los encuestados por la organización denuncia haberlo sufrido o presenciado) y el dolor emocional causado por la separación de sus familiares. Un 75% de los trabajadores enviados a las misiones declaran no haberse marchado voluntariamente.
Larrondo acusa al régimen comunista cubano de "trata de blancas". Según explica el presidente de Prisioners Defenders, la dictadura está comerciando con estos profesionales. Médicos, profesores, ingenieros o marineros a los está "vendiendo". "Cobra de todo", exclama. Pero es que además todos ellos están "subrogados a las leyes cubanas" durante su estancia en el extranjero. Algo que es "ilegal en los convenios internacionales".
"Tú no puedes estar en un país subrogado a tu legislación local" y estar "obligado a pagar honorarios a organizaciones dependientes del Partido Comunista", lamenta. "Se les confiscan los pasaportes, se les prohíbe llevar los títulos legalizados y no está permitido casarse...", explica.
"Estas cosas tan raras" que recoge el reglamento al que se someten los trabajadores de las misiones tienen un único objetivo: que regresen a Cuba. "Sin pasaporte, sin título profesional, no eres persona... Si no puedes casarte, nunca serás residente. Es un esquema de trata de blancas".
Su organización calcula que entre 50.000 y 100.000 profesionales civiles se ven afectados por esta situación cada año. Las misiones son un auténtico negocio para el Gobierno de Cuba. Le reporta 8.500 millones de dólares anuales. Es decir, casi el triple de lo que ingresa por el turismo (2.900 millones de dólares) y cuatro veces más de lo que recibe de las remesas (de 2.000 a 3.000 millones).