La llegada al poder en Perú del comunista Pedro Castillo está poniendo en riesgo en el país tanto la libertad de expresión como el derecho a la información. Una nueva demostración de ello ha tenido lugar en las últimas horas, con el corte de la emisión de PBO Radio, una de las principales emisoras del país que dan voz a los opositores y donde las críticas al Gobierno están a la orden del día.
La Fiscalía de Perú ha ordenado a la Policía que cortase la trasmisión de la señal, una decisión que ha llegado por sorpresa, pues no había habido ningún tipo de advertencia previa. Para apoyar esta labor de corte de emisión, también se han presentado funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
"La Fiscalía la nación acaba de llegar sin justificación ninguna previa. Ha hecho un descerraje en nuestra planta de emisión de PBO Radio y simplemente nos ha cancelado la transmisión", ha explicado en declaraciones a Libertad Digital el propietario de la radio Phillip Butters, una de las caras periodísticas más críticas con el nuevo Gobierno comunista de Perú y muy conocido por su programa televisivo en Willax.tv.
Los agentes y los funcionarios han subido hasta la planta de antenas desde donde trasmite PBO Radio, en Monte Solar, en Chorrillos. Y, según han explicado los trabajadores de la emisora, han procedido a romper los sistemas de seguridad de acceso, han inutilizado parte de los equipos técnicos, han dejado inoperativo el trasmisor de la señal y al salir de las instalaciones han puesto su propio candado para que los trabajadores no puedan entrar.
Según Butters no tienen ningún tipo de información con respecto al cierre: "Yo estoy llegando y he enviado a gente a ver qué pasa porque no hay ninguna notificación previa. Han llegado con policías y nos han cancelado la transmisión. Tal cual", ha explicado a Libertad Digital.
La medida, dice Butters, evidencia que el periodismo crítico que hacen obviamente ha molestado al régimen de Perú Libre: "Quieren callarnos. Esto es un tema político, una venganza de Zoraida Ávalos (la fiscal general de Perú) y Javier Gallardo (actual jefe de la Policía Nacional de Perú)", ha denunciado Butters.
El siguiente paso, ha señalado el periodista crítico, es ir al Congreso para que los diputados "citen al ministro de Transportes y Comunicaciones" para que informe sobre el cierre abrupto de la radio.
Control de los medios críticos
El pasado mes de septiembre, Perú Libre ya avanzó sus intenciones de acabar con la prensa libre y presentó un proyecto de ley que contempla el control del contenido de los medios de comunicación por parte del Gobierno, incluida la posibilidad "excepcional y transitoria" de asumir temporalmente la explotación directa de redes de telecomunicaciones.
"La presente ley tiene por objeto declarar de necesidad e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión, y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional", afirma el texto, presentado por Abel Reyes y respaldado por otros seis parlamentarios.
Del mismo modo, ya en aquel momento el partido comunista lanzó un aviso a navegantes y recordó que "de conformidad con el artículo 14 de la Constitución (...) 'Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural'".
Rechazo de la Federación de Periodistas
La Federación de Periodistas del Perú ha emitido un comunicado en el que "rechaza rotundamente el allanamiento de la planta de transmisión de PBO Radio en Chorrillos, que realizó hoy la Fiscalía y personal del MTC en la que colocó un candado, llevándose previamente un equipo sin notificación alguna".
Aseguran, además que es "un atentado contra la libertad de prensa, expresión e información que todo ciudadano debe de tener. De esta manera ponemos en conocimiento a la opinión pública, que personal del Ministerio de Transporte y Comunicaciones junto con la Fiscalía, no hayan dejado ninguna notificación, descerrajando y llevándose un equipo de transmisión"
Y califican esta actuación "propia de gobiernos totalitarios" ya que "no dejaron documentos que avalen este hecho, sin haberse identificado previamente. Condenamos, este tipo de hechos que atentan contra libertad de expresión, opinión e información. Desde nuestro gremio la defenderemos como principio de nuestro quehacer profesional".