El 11 de julio, los jóvenes cubanos decidieron no callar más. Fue la mayor manifestación en 63 años de dictadura. Meses después, 400 de los detenidos por el régimen castrista en esas protestas ya han sido sometidos a una serie de juicios sin que los abogados de la defensa hayan podido intervenir. "Han sido meros espectadores", denuncia Esmeralda Rodríguez.
Su hijo, Dayron, ha sido condenado a 30 años por un delito de sedición. "Yo ni siquiera sabía lo que era eso porque en mi casa nunca nadie había ido preso y menos por política", reconoce Esmeralda. "Es una muestra del analfabetismo jurídico que hay en Cuba, incluso desde las propias instituciones. Y de eso se vale el régimen", dice Laritza Divercent, presidenta de la Asociación Cubalex. La componen un grupo de abogados, obligados al exilio por el régimen cubano y que está asesorando a los presos políticos de la isla sin ánimo de lucro.
Laritza denuncia que "las vistas están teniendo lugar a puerta cerrada y con la sede blindada; algo que va en contra de la legislación cubana. Después de intervenir, les vuelven a llevar a sus celdas" desde donde llegan denuncias de "torturas, desnudos, tratos humillantes y donde se les niega la asistencia médica".
Yusnaby lleva con tos 20 días sin que haya sido visto por un médico. También Dayron necesita medicación para su enfermedad crónica y no la está recibiendo. Así lo reconoce él mismo en varias cartas que su familia ha remitido a este diario y en las que implora a su madre y a su hermana que "no se cansen de publicar y de escribir donde tengan que hacerlo porque, aunque piensen que no, ellos le temen mucho a la verdad y a la realidad".
Escribe desde su celda, "chiquita y compartida con otras siete personas". Cuenta que bajan "al patio un día sí y otro no para tomar una hora de sol". Su caso es especial porque él no participó en las protestas. Tuvo la mala suerte de "perder el móvil en el lugar de los disturbios antes de que sucedieran y le apresaron dos días después de esas protestas, cuando fue a recogerlo a comisaría", recuerda su hermana Coral. "Desde entonces sólo le hemos visto una vez".
"Los familiares saben de ellos por las escasas llamadas que reciben", cuenta Laritza. Sólo uno de ellos puede acceder a los juicios y en el caso de Maikel, fue su madre, Elaine. "Los testigos estaban comprados y no sabían ni identificar a su supuesto agresor", explica. Su hijo ha sido condenado a 28 años de cárcel, también por sedición. El marido de Mailin, Yusvany, a 30. "Está pidiendo justicia en una huelga de hambre" y su esposa teme "las consecuencias que le pueda traer en prisión".
Desde Cubalex denuncian el abandono internacional que sufren las causas que afectan a los cubanos. De hecho, Laritza asegura que sólo este medio se ha puesto en contacto con ellos para conocer la situación de los presos políticos, después de que la carta de Mailene Noguera se hiciera viral.
Pero hay algo que pesa especialmente a los letrados que forman Cubalex. Y es que de las 727 personas que fueron detenidas el 11J, "18 son menores de edad que permanecen encerrados en centros de menores en los que impera el régimen militar". Su futuro, reconoce Laritza, "es muy incierto porque como no pueden ser juzgados, no podemos intervenir y no sabemos cuánto tiempo van a permanecer privados de su libertad".
Víctimas especialmente vulnerables que desde Cubalex tienen claro que son el instrumento del mensaje "ejemplarizante" que quiere lanzar el régimen a todo aquel que pida libertad.