El cadáver del genocida Abimael Guzmán será incinerado

La decisión fue tomada por el Cuarto Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao en cumplimiento de la Ley 31352, que fue aprobada y promulgada la semana pasada por el Congreso y el Gobierno de Perú.

A través de un comunicado, el Ministerio Público peruano señaló que esta ley "establece el destino de los cadáveres de internos que venían cumpliendo condena por delitos de traición a la patria o terrorismo, en condición de líderes, cabecillas o integrantes de cúpulas de organizaciones terroristas".

En ese sentido, la fiscalía del Callao ya notificó su decisión a la autoridad sanitaria y a los ministerios de Justicia y del Interior "para que inicien las coordinaciones destinadas a recoger los restos del cabecilla terrorista de la Morgue Central del Callao y cumplan con la cremación y el destino final de sus restos en un plazo máximo de 24 horas".

La resolución se fundamentó en "la necesidad de evitar poner en riesgo la seguridad nacional y el orden interno ante las circunstancias que describe la norma" y en "defensa de los intereses públicos y el interés social que competen al Ministerio Público", agregó el comunicado.

El despacho fiscal recibió este miércoles los últimos resultados de las evaluaciones vinculadas con la identificación plena de los restos de Abimael Guzmán e informó que las investigaciones sobre los motivos de su muerte continuarán su curso "con las diligencias que corresponden de acuerdo a las normas vigentes".

Esas investigaciones sobre el deceso de Guzmán, que según la necropsia murió de complicaciones por una neumonía en su prisión de la Base Naval del Callao, tienen un plazo de 60 días, que pueden ser prorrogables.

La Fiscalía de Perú anunció el viernes pasado el procedimiento legal que se seguiría para la cremación del fundador de Sendero Luminoso y enfatizó que la decisión "tiene carácter de inimpugnable de acuerdo a ley". La medida se aplicará después que el Congreso aprobara el jueves una ley que ordena la incineración de los cadáveres de los cabecillas de agrupaciones terroristas.

La norma fue promulgada pocas horas después de su aprobación por el Gobierno de Pedro Castillo y entró en plena vigencia el sábado pasado.