El Gobierno llama a consultas a la embajadora en Nicaragua tras recibir decenas de improperios

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado este miércoles a consultas a la embajadora de España en Managua, María del Mar Fernández-Palacios. La razón, un furibundo comunicado del gobierno nicaragüense en el que se vertían "graves e infundadas acusaciones" contra España y sus instituciones (entre ellas, la Corona) y "gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales" españoles, con alusiones a los GAL.

"Nicaragua atraviesa una profunda crisis política, económica y social que se ha agudizado en las últimas semanas como consecuencia del recrudecimiento de la represión por parte del Gobierno contra actores políticos y sociales de la oposición, así como contra medios de comunicación independientes", prosigue el comunicado de Exteriores.

Por ello, España rechazas "de manera tajante" el contenido de la nota, dice Exteriores, y exige al Estado de Nicaragua que "cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos y sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política".

La reacción de Albares llega después de que España emitiera hace unos días otro comunicado censurando la ilegalización del último partido opositor contra Daniel Ortega, en medio de la represión y el terror que está imponiendo el Gobierno nicaragüense contra los disidentes. Como otros países, el Gobierno español avisaba de que las elecciones en Nicaragua previstas para el 7 de noviembre no cumplirían con las garantías democráticas.

El comunicado de España tuvo como respuesta una larga nota de la cancillería nicaragüense llena de insultos e improperios contra el Gobierno de Sánchez, escrita con un lenguaje insólito en diplomacia. El régimen consideraba las críticas de España una "inadmisible intromisión" en los asuntos nicaragüenses y acusaba a nuestro país de carecer de "autoridad moral" ante "tanta falacia, encubrimiento, mentiras, delitos, crímenes de odio y lesa humanidad, que no confiesan, pero que todo el mundo conoce, y condena".

El Gobierno de Daniel Ortega señalaba que ha denunciado, y seguirá "denunciando, la cínica y continúa, intromisión, injerencia e intervención en nuestros asuntos internos, impropias de Gobiernos democráticos, impropias también de regímenes que incumplen continuamente con los derechos de sus pueblos a la autonomía o a procesos autonómicos de independencia".

Cataluña y los GAL

En la nota, Nicaragua hacía ver a España "la obligación que tiene de respetar, como nosotros les hemos respetado, y de asumir, sin demora, los caminos de respuesta a los justos reclamos de los habitantes de esa llamada Península Ibérica".

También señalaba los, a su juicio, "graves temas pendientes, que vienen desde la década de los 80, cuando su entonces presidente "socialista", Don Felipe González, creó los llamados Grupos Anti-terroristas de Liberación (GAL) que mancharon para siempre a España con responsabilidad sobre crímenes de lesa humanidad, nunca investigados o juzgados".

Aseguraba que España no ha esclarecido "cada uno de esos crímenes de odio y lesa humanidad que, según Naciones Unidas, no prescriben, es decir, están pendientes de investigación y condena en esa, llamada por ellos mismos, "democracia perfecta".

"Recordamos al Gobierno Español que la verdad no puede ocultarse, ni prescribe, a pesar de la desfachatez con la que pretenden presentarse ante el mundo como impolutos, despercudidos, impecables, muy correctos, y exigentes con quienes consideran inferiores, imperfectos, incorrectos y, todavía bajo su ya, por gracia y luchas, inexistente e imaginario, imperio colonial", apuntaba.

Instituciones "inmorales"

Para el régimen nicaragüense, "todos estos crímenes de odio y lesa humanidad, que se califican como terrorismo de Estado, muestran el carácter inmoral de las instituciones españolas, que descaradamente se atreven a colocar coronas en sus desprestigiadas cabezas, pretendiendo ignorar la carga criminal de manipulación histórica de un Estado que persigue, encarcela, tortura y mata, sin ninguna autocrítica, arrepentimiento, justicia, o rectificación".

"Al Estado español, ese que orondamente critica, acusa y exige lo que ellos mismos no dan, la historia nunca les absolverá", agregaba.

"La infamia no puede ocultarse con bravuconerías, disfrazándose de jueces, que ni son, ni pueden ser, ni nadie ha convocado, porque carecen de autoridad moral, o respeto, ante tanta falacia, encubrimiento, mentiras, delitos, crímenes de odio y lesa humanidad, que no confiesan, pero que todo el mundo conoce, y condena".

"Ante tanta hipocresía y tanta desfachatez, rechazamos todas y cada una de las palabras contenidas en los incalificables, falsos y farsantes llamados de la Cancillería española", añadía.

Gobierno "fascista" y "mentecato"

Asimismo, retaba "al Reino de España a asumir toda su responsabilidad verdadera en su feroz y brutal historia colonial y neocolonial, así como su fascismo encubierto como socialismo", y a "abrir las puertas, sin represión, o persecución, o violencia desmedida, a la libre decisión y votación sobre los estatus que cada país de ese, por hoy, Estado centralizado, demanda, reclama y exige".

Nicaragua afirmaba "que no somos, ni seremos, nunca más, territorios dominados por la codicia criminal de nadie". Y apuntaba: "ante tanta prueba, ante tanta abundancia de verdades, ante ese Estado español que no ha tenido jamás la entereza de confesar sus culpas, cómo es posible que, mentecatos al fin, se atrevan a dar lecciones de democracia, cuando ni son, ni dan ejemplo, ni cumplen con la verdad y la justicia".

Una reacción "falaz y rabiosa"

Lejos de retractarse, tras conocer que España ha llamado a consultas a su embajadora en Managua, el Gobierno nicaragüense ha calificado de "falaz y rabiosa" dicha respuesta y ha ratificado todas sus críticas: "En esa comunicación solo se han dicho verdades, y eso es precisamente lo que irrita al honorable reino de España".

En una nueva nota, vuelve a denunciar la "reiterada intromisión" en sus asuntos y las "inauditas pretensiones coloniales a 200 años de la independencia". Habla de una España "arrogante, jactanciosa y falsa" y vuelve a la carga exigiendo al Gobierno que "cumpla con sus propios compromisos internacionales", "sobre todo alrededor de tantos crímenes, no reconocidos ni investigados, y todavía sin justicia para las víctimas".

El Ministerio de Exteriores de Ortega vuelve, además, a apuntar al "terrorismo de Estado, diciendo que España tiene que "asumir y resarcir" este "terrorismo tan denunciado" que ha "manchado" al país para siempre. "Llegará el día en que sus rabiosas, altisonantes y falaces voces darán lugar a otras fraternales, respetuosas y verdaderas", ha concluido el comunicado.