La batalla de los fujimoristas y millones de peruanos que han salido a las calles para denunciar que los comunistas cometieron fraude electoral se recrudece. La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha declarado públicamente que el fiscal de Perú, José Domingo Pérez, quien la acusó el pasado marzo, por presunto lavado de dinero, ha querido encarcelarla con una "clara pretensión política", remando así a favor de los intereses comunistas del candidato presidencial, Pedro Castillo, y su partido Perú Libre.
No obstante, el juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, declaró infundada la petición de la Fiscalía y finalmente Fujimori no ha terminado en la cárcel en mitad de las impugnaciones del proceso electoral.
Sobre dicha decisión, el magistrado especificó que no se había hecho oficial ningún "apercibimiento" judicial de la candidata, tal y como exige la norma. El fiscal había solicitado el ingreso en prisión de Fujimori por haberse reunido con uno de los testigos del proceso judicial en la que está envuelta por presuntos delitos de corrupción relacionados con donaciones recibidas en su campaña electoral.
Persecución política-judicial
Fujimori, por su parte, se ha declarado siempre inocente y asegura que el intento de privarla de libertad está relacionado con los comunistas y sus intereses golpistas. "Perú ha sido testigo de un nuevo intento del Fiscal de enviarme por cuarta vez a prisión. Más allá de la obsesión de este fiscal conmigo, lo más grave es su clara intencionalidad política y electoral", anunciaba Fujimori a través de un vídeo.
"A pesar de que todos los medios de este país y los peruanos han visto a Miki Torres acompañarme durante toda la campaña, el fiscal solo presentó la solicitud de enviarme prisión cuando salimos juntos a llevar las 800 actas electorales", indicó la política peruana. Con respecto a estas actas, los fujimoristas reclaman el reconocimiento de las miles de firmas falsas, los votos blancos manipulados, los votos de los fallecidos y de miles de menores de edad, todo ello con el fin de que otorgara la victoria al comunista Pedro Castillo.
"No me queda duda de que lo que el fiscal ha querido es recortar mi derecho a defender los votos de más del 50% de peruanos que queremos conocer la verdad. Esta vez, el fiscal no ha podido conseguir su arbitraria pretensión de llevarme a prisión", indicó la candidata presidencial.
En este sentido, Keiko Fujimori ha aclarado que se está cometiendo una clara negligencia judicial al quererla apartar no solo de los testigos del caso, por la que está siendo investigada, sino también de cientos de personas que nada tienen que ver con su imputación. "Hay algo que quiero denunciar públicamente, al no haber distinción entre los testigos de los aportes con los demás testigos del proceso, el impedimento de no poder verme con Miki y Lourdes Flores (abogada que lidera las impugnaciones del proceso electoral), incluye también a cientos de testigos citados malintencionadamente por el fiscal. Lo que el fiscal pretende es que me quede sola en un momento tan trascendente como la defensa de nuestros votos", apuntaba Fujimori.
El 65% de peruanos cree que hubo fraude
Pero Fujimori no está sola. El 65% de la población peruana considera que existen indicios de fraude electoral en la segunda vuelta, de acuerdo a la encuesta de Datum, difundida en el programa Panorama. El estudio reveló que el 50% de quienes votaron por Pedro Castillo consideran que existen indicios de fraude. Asimismo, el 85% de los votantes de Keiko Fujimori también está convencido de que hubo fraude electoral perpetrado por los comunistas.
Por último, Fujimori recuerda que está del lado de la democracia y las leyes y que, por mucho que así lo deseen ciertos fiscales jamás se sentirá sola porque sabe que "con todos los apoyos de los peruanos", y aseveró que "a pesar de los riesgos que esto conlleva" para ella, seguirá adelante. "No los voy a defraudar", concluyó.